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Greenpeace exige a Montilla que obligue a las eléctricas a etiquetar el origen de la energía

Comunicado de prensa - abril 15, 2005
Greenpeace ha reactivado la campaña "QUEREMOS SABER" de dónde viene la electricidad "PARA PODER ELEGIR" electricidad limpia” para exigir al Gobierno que acabe con el secretismo y el engaño con que las compañías eléctricas ocultan el origen e impacto de la electricidad que venden.

La demanda sigue creciendo en España de forma irracional ante la práctica inexistencia de medidas de ahorro y eficiencia energética

Más de dos tercios de la energía eléctrica que se vende en España procede de fuentes de energía sucia (centrales térmicas y nucleares), mientras que menos del 7% procede de energías renovables, datos que se ocultan a los consumidores.

Greenpeace pide al ministro de Industria, José Montilla, que desarrolle con urgencia una normativa que obligue a las compañías eléctricas a informar sobre el origen e impactos de la electricidad que venden a través de un etiquetado eléctrico oficial.

"Lo que queremos saber es de dónde viene la energía, para que los consumidores, que en definitiva somos todos, puedan elegir electricidad limpia. Así todos podremos ejercer con conocimiento nuestro derecho a elegir" -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energía de Greenpeace España- "No se puede permitir que las compañías eléctricas sigan engañando impunemente a los consumidores ocultando el origen sucio de su electricidad e incluso a veces disfrazándola falsamente de verde", añadió.

Según Greenpeace, sin un etiquetado que proporcione una información fiable sobre el origen e impacto de la electricidad se está creando un clima de indefensión y desinformación que favorece la aparición de campañas de publicidad ambigua o engañosa, como las ofertas de supuesta energía "verde" que ni siquiera procede de fuentes renovables. Así resulta imposible e inútil ejercer el  derecho a elegir la compañía que queremos que nos suministre la electricidad a nuestros hogares y empresas, en vigor desde  enero de 2003.

El etiquetado eléctrico que propone Greenpeace permitiría al Gobierno cumplir la directiva europea que impone a todas las empresas que venden electricidad a los consumidores finales la obligación de desglosar las fuentes de energía que se utilizan para generar toda la electricidad que venden, así como de informar sobre los impactos ambientales que originan, detallando como mínimo las emisiones de CO2, causantes del cambio climático, y los residuos radiactivos que producen. El Gobierno español aún no cumplido con la obligación de trasponer a la legislación interna el etiquetado eléctrico regulado en la Directiva, lo que ha motivado que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra el Estado español.

Greenpeace ha presentado hoy el informe "EL ETIQUETADO ELÉCTRICO. ¿De dónde viene la electricidad que consumimos?", con una propuesta concreta para desarrollar una normativa que cumpla el triple objetivo de: permitir a los clientes la elección entre  suministradores o, adicionalmente, entre productos; garantizar la protección de los consumidores frente a publicidad ambigua o engañosa; y hacer los mercados eléctricos más eficientes y transparentes.

Greenpeace considera que para que el etiquetado sea efectivo tiene que ser estándar y obligatorio para todas las compañías suministradoras de electricidad y propone los siguientes requisitos básicos:

  • El etiquetado tiene que contener información sobre el origen de la electricidad definido con un listado estándar de fuentes de energía.
  • Tiene que aportar información sobre el impacto ambiental relacionado con la emisión de CO2, principal responsable del cambio climático y sobre la producción de residuos radiactivos. Esta información tiene que presentarse con un formato ranking de menor (nulo) a mayor impacto, de fácil interpretación.
  • Para promover la eficiencia y el ahorro energético, debe incluirse en la etiqueta información comparativa del consumo del cliente en relación con la media de su sector.
  • La información debe referirse a la totalidad de la energía suministrada por la compañía, aunque se pueda añadir información adicional acerca del origen del producto concreto suministrado. De esta forma tendríamos información no sólo del producto que nos venden sino de la compañía que nos lo está vendiendo.
  • El contenido y formato de la etiqueta tiene que ser estándar a nivel nacional para permitir la comparación entre proveedores y la elección de los consumidores.
  • El etiquetado debe enviarse en una separata anexa con cada factura eléctrica y en todo tipo de comunicaciones entre las compañías y sus clientes. De esta forma será accesible para todos los consumidores.
  • Para garantizar la veracidad de los datos, la elaboración y verificación de este etiquetado debe ser confiado a un organismo independiente, como la Comisión Nacional de Energía.

Greenpeace espera que el Ministerio de Industria se haga eco con urgencia de esta propuesta y desarrolle cuanto antes un borrador de Real Decreto sobre etiquetado eléctrico, que cumpla las obligaciones pendientes y sea debatido en el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía.

La organización ecologista ha puesto en marcha una recogida de firmas dirigida al ministro Montilla, tanto a través de internet (www.greenpeace.es) como directamente en las poblaciones donde recalará el barco Arctic Sunrise.

El sábado y el domingo, el Artic Sunrise, atracado en el Moll de la Fusta, abrirá sus puertas a los ciudadanos de Barcelona . Voluntarios de Greenpeace mostrarán el  buque por dentro, recogerán firmas y explicarán los detalles de la campaña "Queremos saber para poder elegir".

Horario de visita: Sábado 16, de 11 a 19 horas

                              Domingo 17, de 12 a 19 horas

(*) Nota:

La campaña "Queremos saber... para poder elegir" se inició en el año 2003, con la participación de las siguientes organizaciones:

  • Consumidores: CECU, FUCI, UCE, ASGECO.
  • Ecologistas: Greenpeace, WWF/ADENA, Ecologistas en Acción.
  • Sindicatos: CC.OO., UGT.

El Gobierno respondió prometiendo que revisarían la normativa española para adaptarla a los requerimientos de la directiva europea, antes del 1 de julio de 2004. Esto no se ha cumplido, ni por parte del Gobierno anterior ni por el actual.

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