Renovables: Otro modelo energético es posible.
COMUNICADO DE PRENSA
Hoy se han presentado en Bruselas los datos sobre las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) de los países de la Unión Europea
durante el año 2005, que corresponden al primer año de aplicación
del Régimen del Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto
invernadero. Greenpeace acusa a los Gobiernos europeos de ser los
culpables de permitir a sus industrias que emitan tanto CO2 como
ellos quieran sin ningún coste.
Hay evidencias de los mercados que
muestran que los Estados miembros fueron muy generosos con las
asignaciones de derechos de emisión a sus industrias en el primer
Plan Nacional de Asignación (PNA) para el periodo 2005-2007. Los
números muestran que las emisiones otorgadas a las industrias
españolas, excepto a la de generación eléctrica, fueron, en el
2005, superiores a sus emisiones de CO2. En el caso de las
eléctricas, las emisiones reales superaron los derechos conseguidos
a causa de la sequía, como consecuencia del cambio climático, y las
paradas nucleares, por motivos de seguridad. Dos problemas que se
agravarán en el futuro de continuar con esta política permisiva. La
Comisión Europea y los países miembros deben asegurar que el total
de los derechos de emisión disponibles se reduzcan
significativamente para el periodo 2008-2012.
"Los Gobiernos europeos han ignorado
descaradamente el propósito que persigue el comercio de emisiones,
es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y
abusan del sistema de comercio bajo la presión de la industria
sucia", dijo Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio
climático y energía de Greenpeace. Los datos de emisión han
mostrando que las compañías han obtenido derechos de emisión
excesivamente generosos. Esto es la causa del descenso del precio
del carbono y la distorsión del mercado. Esto también reduce la
credibilidad del Régimen de Comercio de Emisiones Europeo.
"El mercado sólo será útil y creará
incentivos para las industrias más limpias si la cantidad de los
derechos asignados se establece en un nivel que asegure el
cumplimiento de los objetivos de Kioto, permitiendo a Europa, y a
España, a cumplir con sus obligaciones internacionales", añadió
Montón.
Greenpeace reclama al Gobierno
español que sea mucho más duro con los sectores contaminantes. La
principal herramienta para lograrlo ha de ser el Plan Nacional de
Asignación 2008-2012 (PNA) de derechos de emisión, que se debe
presentar a la Comisión Europea antes del 30 de junio. La principal
propuesta de Greenpeace para el nuevo PNA es que el total de
derechos asignados a los sectores industriales no puede, en ningún
caso, ser superior en un 15% de sus emisiones de 1990. Además, se
debe ser especialmente restrictivo en la asignación al sector
eléctrico, que es el que tiene más posibilidades de reducir
emisiones a través de renovables y eficiencia energética, para dar
mayor margen a los sectores "difusos" (transporte, vivienda...)
donde será más difícil restringir las emisiones. Este Plan debería
utilizar un máximo del 10% de estos derechos de emisión en sistema
de subasta, que es lo que permite la ley, y crear un claro vínculo
entre asignaciones y producción más limpia. La Comisión Europea
debe rechazar todos los PNA que no planteen límites ambiciosos de
reducción.