Madera procedente de la tala ilegal de los últimos bosques primarios
El pasado día 1 de diciembre las autoridades europeas
reconocieron que en la rehabilitación del edificio Berlaymont, sede
del Ejecutivo comunitario, se utilizó madera ilegal procedente de
Indonesia en el revestimiento del suelo del décimotercer piso,
donde se encuentra el despacho de José Manuel Durao Barroso, tal y
como denunció la organización ecologista Greenpeace en 2004.
Aunque, según las autoridades europeas de Bruselas se aplican en
sus contratos una "estricta" reglamentación que exige a los
proveedores garantizar que la madera usada no procede de bosques
donde la tala es ilegal, el contratante encargado de proporcionar
este material reconoció su infracción y fue multado por ello a
pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de
retirar.
"Pese a lo simbólico de la multa, es la primera vez que la
Administración europea reconoce que el mercado de productos
forestales y la contratación pública son, a su vez, parte del
problema y parte de la solución" ha declarado Miguel Angel Soto,
responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace. "Ahora hace
falta que la justicia española y el Ministerio de Medio Ambiente se
tomen en serio este problema".
En octubre de 2005, Greenpeace denunció ante la Fiscalía de
Madrid que las obras de ampliación del Museo Reina Sofia habían
producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña,
hechos susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en
el código penal español. Greenpeace expuso con una acción directa
que la procedencia de la madera de jatoba utilizada en el Museo
Reina Sofía en las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y
oficinas, así como paredes y falsos techos, procede de empresas
brasileñas con una amplio historial delictivo y multadas por las
autoridades brasileñas por talar, transportar y procesar madera
incumpliendo la ley.
Pese a la amplia documentación aportada por Greenpeace y la
mención a los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno
español, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra
comunicó en marzo de 2006 el archivo de las actuaciones,
calificando la actitud de los implicados como "imprudente". Según
el texto de la Fiscalía, los tribunales españoles carecen de
jurisdicción para el encausar conductas de tala ilegal practicada
por ciudadanos de nacionalidad brasileña.
En una situación similar, en febrero de 2006 el Grup Balear de
Ornitología (GOB) y Greenpeace denunciaron ante la fiscalía de
medio ambiente de Baleares que en las obras de modernización de los
accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca se incluyó
entre los materiales madera de Ipé, madera procedente de la
Amazonia, vendida en Brasil por una empresa maderera del Estado de
Pará multada cuatro veces en el periodo 2002-2004 por extracción,
transporte y procesamiento de madera fuera de la ley. La madera de
ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la
empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7
meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la
falsedad de los títulos de tierras. Con estos antecedentes es fácil
era fácil adivinar que la madera no procedía de la legalidad.
Pero, nuevamente, en septiembre de 2006 el Fiscal Coordinador de
Medio Ambiente de las Islas Baleares archivó la denuncia al no
quedar acreditado, según la Fiscalía, la existencia de infracción
penal.
Las cosas podrían cambiar a mejor si se aplicara la nueva Ley de
Montes, que en su reciente modificación ha incluido un artículo
sobre compra responsable de productos forestales en la que insta a
las Administraciones públicas a evitar la adquisición de madera y
productos derivados procedentes de talas ilegales mediante
procedimientos de contratación pública que tengan en cuenta
criterios ambientales.
Pero una reciente investigación de Greenpeace sobre la presencia
en el mercado español de productos papeleros procedentes de la tala
ilegal de los bosques de Indonesia ha revelado que papeles
fabricados por la empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) está
siendo importados y distribuidos en España. APP acumula acusaciones
de devastación medioambiental, constantes abusos contra las
comunidades que habitan sus zonas de explotación, desprecio a la
legislación y sobornos y presiones a funcionarios del Gobierno.
Pese a este curriculum, Greenpeace ha encontrado que
Administraciones públicas de todo el Estado español, en Andalucía,
Madrid, Cataluña, Extremadura y País Vasco, utilizan como
contratista habitual a las empresas distribuidoras del papel de
APP. Más aún, Greenpeace ha encontrado papel de APP en las oficinas
de la Consejería de Justicia en Granada. "Con el dinero de los
ciudadanos se compran productos y se contratan empresas que hacen
más inhabitable el planeta, y esto es legal" ha declarado Soto.