Comunicado de prensa - noviembre 13, 2006
La organización ecologista ha remitido un escrito a ambas Administraciones demandando una coordinación eficaz que permita la demolición del hotel ilegal y la restauración del paraje natural lo antes posible.
Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel ilegal de Cabo de Gata y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. Con esta acción la organización ecologista pide a Chaves que haga efectiva la demolición del del macrohotel ilegal del Algarrobico de 411 habitaciones y más de 20 plantas en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Greenpeace ha remitido hoy un escrito a la consejera de Medio
Ambiente, Fuensanta Coves, y al Secretario General de
Biodiversidad, Antonio Serrano, en el que denuncia la falta de
colaboración, coordinación y cooperación de ambas administraciones
públicas, lo que ha redundado en la lentitud de sus actuaciones y
ha llevado a la grave situación en la que ahora se encuentra el
proceso de demolición del hotel construido ilegalmente en la playa
de El Algarrobico.
La organización ecologista internacional denuncia que sólo
gracias a la constancia y reiteración de las asociaciones de
defensa del medio ambiente, entre las que se encuentra Greenpeace,
se ha conseguido que las administraciones andaluza y central
defiendan la legalidad y actúen contra la construcción del hotel de
Azata dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).
"Hemos solicitado al Ministerio y a la Junta que designen un
responsable de cada parte y establezcan los mecanismos de
información y coordinación necesarios para que la defensa de los
intereses públicos no se vea mermada y se concrete en la más rápida
y efectiva demolición del hotel de la playa de El Algarrobico" ha
declarado María José Caballero, responsable de la campaña de costas
de Greenpeace.
Greenpeace destaca en su escrito que la falta de coordinación
llega a tal punto, que todo parece indicar que la Consejería de
Obras Públicas ha solicitado dentro de uno de los procedimientos
judiciales en curso que la servidumbre de protección tenga una
anchura de 50 metros, y no de cien como determina la Ley de Costas
y reclama el Ministerio de Medio Ambiente, lo que legalizaría la
práctica totalidad del hotel a excepción de la piscina.
"La Junta no puede seguir engañando a los ciudadanos. Sus
portavoces declaran que el hotel es ilegal y debe desaparecer, pero
en los tribunales reclaman lo contrario. No vamos a consentir este
acto de desvergüenza" ha declarado María José Caballero,
responsable de la campaña de costas de Greenpeace.