Activistas de Greenpeace escalando la chimenea de una térmica de carbón para pedir más energías renovables y menos CO2.
Greenpeace considera que para lograr que las energías renovables
vayan desplazando a las contaminantes es necesario mantener un
sistema estable y predecible de incentivos que haga más atractivo
invertir en energía limpia que en sucia, y esto sólo se logrará con
una adecuada Ley de Energías Renovables. Por otro lado, hay que
permitir a los consumidores elegir electricidad limpia, para lo que
se necesitan con urgencia unas tarifas que reflejen los costes
reales.
"La propuesta del Gobierno sobre el régimen especial discrimina
a la energía eólica respecto a la nuclear, y sus efectos muy
positivos para la energía solar en general no son creíbles, porque
esta es la cuarta vez que se cambia el sistema de apoyo a las
renovables y se podrá volverá a cambiar arbitrariamente mientras no
haya una Ley de Renovables", ha declarado José Luis García Ortega,
representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de
Electricidad. "En cuanto al decreto de tarifas, los consumidores
seguirán condenados a derrochar energía, engañados por unas tarifas
que no dicen la verdad, y sin poder elegir el origen de la
electricidad que compran".
DECRETO DEL RÉGIMEN ESPECIAL: LAS RENOVABLES, INDEFENSAS
La propuesta del Gobierno es la mejor prueba de la necesidad de
una Ley de Renovables, única forma que garantizar un marco de
estabilidad y confianza para las inversiones en renovables, con
objetivos firmes y ambiciosos y que obliguen a la Administración
Pública a su cumplimiento, y con escenarios predecibles de
rentabilidad. Pero el decreto propuesto por Industria, que sería el
cuarto en la historia española sobre el régimen especial, vuelve a
cambiar las reglas del juego, incluso para inversiones ya
realizadas o comprometidas, lo cual resta credibilidad a todos sus
contenidos, tanto los que mejoran como los que empeoran las
condiciones actuales.
La gran perjudicada sería la energía eólica, a la que no sólo se
le reducen las primas a la tercera parte, sino que podría sufrir
incluso "primas negativas", es decir, que a partir de un cierto
nivel de precio de la energía en el mercado, los eólicos tendrían
que devolver dinero, mientras generadores sucios como los nucleares
seguirían ganando cada vez más. Otros aspectos negativos del
decreto son: convierte los objetivos del Plan de Renovables en
"límites" máximos de potencia a instalar, permite que las centrales
térmicas de carbón acaparen los escasos recursos de biomasa, sigue
primando la incineración de residuos, margina a las instalaciones
fotovoltaicas en edificios, no introduce ningún objetivo para
eólica marina y nuevas energías renovables como la de las olas, las
chimeneas solares o los discos solares parabólicos seguirán fuera
de juego.
El aspecto más positivo del decreto es el mejor tratamiento de
las centrales termosolares, que aseguran su rentabilidad y podrán
funcionar en todo momento gracias a la hibridación con biomasa.
También se ven favorecidas las centrales fotovoltaicas y muchas
formas de biomasa.
TARIFAS: LOS CONSUMIDORES SEGUIRÁN GASTANDO MÁS Y SIN PODER
ELEGIR
La subida propuesta de un 4,6% de media y un 2,8% para los
consumidores domésticos es un claro perjuicio para los
consumidores, no porque "les suba la luz", que seguirá costando
menos del 2% de la economía familiar, sino porque les impide elegir
el origen de la electricidad que compran (ningún comercializador,
que son los que podrían presentar ofertas de electricidad limpia,
puede competir con una tarifa más baja que el coste de la energía)
y porque les hará gastar más (está demostrado que los precios bajos
de la energía provocan mayor gasto energético).
El sistema propuesto es absurdo e insolidario, ya que obliga a
los consumidores de 2007 a soportar un recargo por el déficit de
años anteriores (es decir, lo que no pagaron los consumidores de
esos años) de 832 millones de euros, y además obligará a los
consumidores de los próximos 15 años a soportar recargos por lo que
dejemos de pagar en 2007. De hecho, la propuesta del Gobierno
reconoce que la tarifa no refleja los costes reales, y de entrada
genera un déficit de 750 millones de euros sólo en el primer
trimestre de 2007.
Lo más frustrante es que la propuesta contiene cambios
fundamentales en la buena dirección, pero que quedan suspendidos en
la práctica al no atreverse el Gobierno siquiera a empezar a
acercar las tarifas a los costes reales. Cuando esto se produzca,
se podrán empezar a constatar los efectos positivos de conceptos
incluidos en el decreto, tales como la posibilidad de optar a
tarifas menores si se realizan medidas de gestión de la demanda, la
separación de tarifas domésticas según niveles de potencia
contratada (aunque sería más lógico según niveles reales de
consumo) o la imputación de mayores subidas a los grandes
consumidores de energía (industrias).
Medidas como éstas son las que defiende la Campaña por el
derecho a elegir electricidad limpia, impulsada por Greenpeace,
Unión de Consumidores de España-UCE, Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España-UDP, Asociación General de
Consumidores-Confederación ASGECO, Confederación de Consumidores y
Usuarios-CECU y Confederación Española de Consumidores y
Usuarios-HISPACOOP.
Según Greenpeace, si se quiere tratar de evitar que los precios
de la energía suban, no tiene sentido camuflarlos con tarifas
engañosas, sino evitar las causas oficialmente reconocidas: el
aumento del coste de los combustibles (favoreciendo una mayor
sustitución por renovables) y el coste de los derechos de emisión
(dejando de regalárselos a las eléctricas). Para empezar, habría
que eliminar costes injustificados que están en la tarifa propuesta
por el Gobierno, como 25 millones de euros para la central térmica
de carbón Elcogas (subvención descarada a una tecnología ruinosa),
52 millones para la gestión de los residuos radiactivos (en vez de
que los paguen los dueños de las centrales nucleares), 80 millones
de premio por quemar carbón (combustible contaminante doblemente
subvencionado al contar con un impuesto especial y con el regalo de
derechos de emisión).