La quema de combustibles fósiles para el transporte es otro de los grandes responsables del cambio climático
Greenpeace entregó la semana pasada al Presidente saliente del
Consejo de la UE, el esloveno Janez Janša, las firmas que había
recaudado en los últimos dos meses, como símbolo de la preocupación
de los ciudadanos europeos, por el impacto negativo que para el
clima tendría un posible acuerdo entre la Canciller alemana Merkel
y el Presidente francés Sarkozy, en paralelo a la legislación que
se está discutiendo en el Parlamento Europeo sobre emisiones de
gases de efecto invernadero de los automóviles.
El acuerdo entre los dos mayores productores europeos de
vehículos, finalmente se materializó ayer después de meses de
negociaciones bilaterales en las que, una vez más, han ganado los
intereses de la industria alemana mientras el clima ha salido
perdiendo. A cambio de un objetivo muy débil a largo plazo y de un
éxito político para la presidencia de la UE francesa (1), Merkel ha
desvirtuado el contenido de la legislación, en favor de la
industria alemana y en contra de toda consideración
medioambiental.
Greenpeace pide al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión
Europea que se declaren abiertamente en contra de cualquier
esfuerzo por parte de Alemania y Francia para debilitar el proceso
de la UE sobre el problema de las emisiones de CO2 de los coches.
La UE debe plantear una acción rápida frente al cambio climático,
que sea coherente con las declaraciones de sus instituciones.
Mientras Europa sufre los efectos del aumento desenfrenado del
precio del petróleo, Greenpeace recuerda que la verdadera y única
solución es apostar por un futuro libre de petróleo. El primer paso
es apostar por aprovechar el potencial de ahorro y eficiencia en
los turismos.
Hoy se celebra la cumbre EEUU-UE, en la cual uno de los puntos
clave a tratar es la independencia energética con respecto al
petróleo. Si Europa quisiera de verdad poner en marcha medidas para
salvar el clima y al mismo tiempo apostar por esta independencia,
debería defender una legislación de reducción de las emisiones de
los nuevos coches hasta una media de 120 gramos de CO2/km para
2012. Esto debe ir acompañado por unas sanciones fuertes (150€ por
gramo de CO2 adicional en cada una de las unidades vendidas) y de
un objetivo a largo plazo de 80 gramos de CO2/km para 2020.
España, durante el pasado Consejo Europeo de Ministros de Medio
Ambiente, ha demostrado una posición muy cercana a Alemania,
abogando por un retraso de la entrada en vigor de los objetivos y
de las sanciones, así como por no establecer un objetivo concreto
para 2020. "Es inaceptable que España defienda los intereses de la
industria automovilística más contaminante cuando Zapatero ha
declarado que el cambio climático es una de sus mayores
prioridades", ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la
campaña de Transporte de Greenpeace.
Desde hace 17 años los fabricantes de turismos han conseguido
presionar a los gobiernos para que no les obligaran a reducir las
emisiones de CO2 de sus productos. A pesar de que se comprometieron
a reducir de forma voluntaria las emisiones de los nuevos
vehículos a 140 g de CO2/km para 2008, en 2006 todavía la media de
los nuevos vehículos se estimaba en 160 g de CO2.
La industria automovilística sigue jugando un doble papel: por
un lado presiona a los políticos europeos para que se retrase y
debilite lo más posible la legislación que les obligará a reducir
sus emisiones de CO2 y por otro inundan el mercado de anuncios de
modelos "ecológicos" o versiones "ecológicas" de los modelos de
siempre. No es una casualidad que la media de las emisiones de los
modelos expuestos en la pasada Feria Internacional del Automóvil de
Madrid fuera de 187 g de CO2/km (2); la industria tiene la
tecnología para reducir emisiones pero sigue más interesada en
vender coches cada vez más contaminantes.
"Los anuncios de 'coches verdes' no son más que una cortina de
humo para esconder la fuerte apuesta de la industria por los
vehículos más potentes y más derrochadores" ha declarado Pizzinato.
"Los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros representantes
políticos defiendan los intereses de todos frente a los de la
industria".