Activistas de Greenpeace "cierran" la nuclear de Vendellós-2 para recordar a Zapatero su compromiso de abandonar la energía nuclear. En la imagen activistas dentro de la central de Vandellós-2.
Aunque las enmiendas socialistas aumentan la cuantía de las
multas, llegando hasta los 10 millones de euros en caso de sanción
muy grave (actualmente la multa máxima es de 3 millones de euros),
Greenpeace considera que el nuevo ŕegimen sancionador propuesto
sigue siendo demasiado benévolo con la industria nuclear, cuyo
comportamiento irresponsable quedó claramente de manifiesto en el
grave suceso que protagonizó la central nuclear Vandellós-2 en
2004-2005, y que supuso que la central estuviera funcionando en
"condiciones de seguridad degradada" durante varios meses, violando
las normas de seguridad.
Este suceso de Vandellos-2, que fue calificado por el propio CSN
como "el más grave" después del accidente que sufrió en 1989 la
central nuclear Vandellós-1 (y que llevó al cierre definitivo de
esta central) se produjo por varios motivos. En primer lugar, como
reconoció el propio CSN, porque la compañía propietaria de
Vandellós-2 (50% Endesa, 50% Iberdrola) antepuso sus intereses
económicos a la seguridad, llegando incluso a ocultar información
al CSN sobre la degradación de sus sistemas de seguridad. Y en
segundo lugar, por la connivencia del CSN con la central nuclear
una vez descubierto el problema.
El CSN se vió obligado a parar la central tras las denuncias de
Greenpeace, a principios de 2005, y la difusión pública de este
escándalo, que motivó la creación de una ponencia de investigación
en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. A pesar
de ellos, Vandellós-2 estuvo casi 6 meses funcionando violando la
normativa de seguridad.
En ese tiempo, la central nuclear obtuvo unos beneficios por la
venta de electricidad de más de 100 millones de euros (una nuclear
gana 600.000 euros al día, según fuentes del sector), y sin embargo
la multa que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio le
impuso, a propuesta del CSN, fue de tan sólo 1,6 millones de
euros.
"Tanto con el actual régimen sancionador como con la nueva
propuesta realizada por el PSOE, a las centrales nucleares les sale
más rentable funcionar violando las normas de seguridad y luego, si
les pillan, pagar la multa correspondiente", afirmó Carlos Bravo,
responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. "Está
claro que el PSOE no ha aprendido ninguna lección del grave suceso
de Vandellós-2, o quizá sea que el lobby nuclear les impone sus
reglas", añadió Bravo.
Uno de los elementos claves para que el nuevo régimen
sancionador sea un instrumento realmente eficaz a la hora de
desincentivar comportamientos irresponsables de los operadores de
instalaciones nucleares y radiactivas (como el referido de la
central nuclear Vandellós-2) es que las multas sean equivalentes al
doble del beneficio obtenido ilícitamente por esas instalaciones,
cuando éstas estuvieran funcionando violando la normativa.
No hay ningún impedimento legal que no permita establecer multas
del doble del beneficio obtenido durante el periodo de infracción
de la ley.
De hecho, hay numerosos casos de leyes, estatales y autonómicas,
que así lo establecen. Por ejemplo, la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de regulación del mercado hipotecario, la Ley 2/2002, de 25 de
abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en
Extremadura, la nueva Ley de Sanidad Animal, remitida por el
Gobierno a las Cortes o la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección
del Medio Ambiente de la Región de Murcia establecen la posibilidad
de sancionar en función del beneficio obtenido ilícitamente.
También la Proposición de Ley de financiación de partidos
políticos que ha elaborado el PSOE, todavía en discusión, establece
que cuando un partido obtenga donaciones que contravengan los
límites y requisitos de esta ley, el Tribunal de Cuentas impondrá
una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación
ilegalmente percibida.
Además de la cuestión de la cuantía de las sanciones, muchos de
los cambios que los socialistas proponen podrían impedir aplicar
con el rigor necesario el régimen sancionador que se establece. La
propuesta socialista es insuficiente en asuntos como la
calificación de las sanciones, los apercibimientos, las sanciones
por no comunicar deficiencias, las infracciones a instalaciones que
funcionan sin autorización, etc.
Por otro lado, las numerosas enmiendas planteadas por el grupo
parlamentario socialista a la Proposición de Ley para la reforma
del CSN la desvirtúan de tal manera que no tendrá capacidad
efectiva alguna para impulsar el cambio que la sociedad reclama
desde hace muchos años de la organización y el funcionamiento del
CSN.
El Gobierno, particularmente a través del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, pero también del de Economía y
Hacienda y el de Administraciones Públicas, ha tratado de
obstaculizar la reforma y ha mediatizado el debate parlamentario
entorno a la Proposición de Ley de reforma del CSN en los meses
precedentes al inicio del trámite de enmiendas, informando
negativamente de todas las propuestas que pudiesen conllevar algún
cambio en el actual status-quo del organismo, tanto en lo que
respecta a las relaciones con el Parlamento, como a modificaciones
que supongan un incremento de recursos o un cambio en la actual
estructura administrativa.