Comunicado de prensa - septiembre 22, 2007
La organización ecologista Greenpeace ha recibido con satisfacción las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente francés, Jean-Louis Borloo, quien el pasado 20 de septiembre afirmaba en el diario Le Monde: “con respecto a los transgénicos todo el mundo está de acuerdo: su diseminación no se pueden controlar, por lo que no vamos a asumir ningún riesgo”.
Con un "NO" espectacular, de 60 metros de diámetro dibujado en un campo de maíz del Estado de México, Greenpeace dice NO a los transgénicos.
De este modo, el ministro confirma lo que las organizaciones
ecologistas llevan años repitiendo: que el cultivo de transgénicos
ocasiona una contaminación genética incontrolable e irreversible.
Si bien estas declaraciones son importantes, deben ahora traducirse
en una toma de posición real del Gobierno galo.
Mientras, la situación en España es bien distinta. Recientemente
el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ha hecho
públicos a través de su página web los datos de cultivo de maíz
Modificado genéticamente (MG) para la campaña 2007. Este año, se
han cultivado en nuestra geografía 75.148 hectáreas del maíz de
Monsanto Mon 810, lo cual supone un aumento de 40% con respecto al
año anterior. Este cultivo supondría el 21% de la superficie
nacional de maíz (el último avance del MAPA es de 352.000 ha de
maíz en España para la presente campaña), la cifra más alta en la
década que se llevan cultivando transgénicos en España.
El Gobierno español no sólo sigue sin ofrecer datos
independientes sobre estos peligrosos cultivos, sino que reconoce
que no dispone de un análisis de la situación a pesar de la
obligación legal impuesta por la UE. Las únicas cifras que maneja
son las ventas de semillas entregadas por las propias empresas del
sector. Sin embargo, en el marco de la UE es obligatorio el
establecimiento de unos registros públicos de los campos de
transgénicos que permitan al conjunto de la ciudadanía conocer la
situación, en aplicación de la Directiva 18/2001 y de las normas
españolas que transponen esta directiva. Greenpeace espera que este
avance de la política francesa se traduzca en una prohibición
definitiva de la liberación de transgénicos al medio ambiente tanto
en el país vecino como en el nuestro.
"Es paradógico que un gobierno conservador dé determinados pasos
para proteger la salud de los consumidores y del medio ambiente
mientras en España la propaganda de las empresas del sector,
apoyada por el propio Ministerio de Agricultura, intenta hacernos
olvidar los constantes episodios de contaminación de campos, los
datos sobre los peligros para la salud y el medio ambiente y la
falta de transparencia de un Gobierno que empezó afirmando que
cambiarían las cosas, pero que ha reproducido fielmente a los largo
de estas cuatro campañas la línea marcada por el gobierno
anterior", ha afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la
campaña contra los transgénicos de Greenpeace.
El pasado mes de mayo, Greenpeace presentó el informe ¿Qué
cantidad de toxina Bt producen realmente las plantas de maíz
transgénico MON810? en el que se demostraba el peligro que supone
el cultivo del maíz transgénico Mon 810 de la multinacional
Monsanto, debido a la alta variabilidad del contenido de una toxina
insecticida, denominada Bt, presente en este maíz, cultivado
comercialmente en España a pesar de la elevada oposicion pública.
La información aparecida sobre la toxicidad del Mon 863 o del NK
603 (otros maíces transgénicos de la misma empresa) arrojan nuevas
incertidumbres y preocupaciones con respecto a la seguridad y la
calidad del maíz transgénico, y ponen en entredicho el sistema de
autorizaciones de la UE. Paradójicamente, el mismo Ministerio de
Agricultura afirma en su web literalmente "no existe ningún estudio
científico que demuestre que estos alimentos sean perjudiciales
para la salud".
"El Gobierno debe cambiar drásticamente su política de
transgénicos, paralizar las autorizaciones el cultivo de maíz Mon
810, así como toda liberación de transgénicos al medio ambiente y
defender el derecho de los agricultores y de los consumidores en
lugar de garantizar los ingresos del puñado de multinacionales cuyo
único objetivo es ejercer su control sobre la agricultura", ha
añadido Carrasco.