Comunicado de prensa - junio 18, 2004
Greenpeace acoge con gran satisfacción la derogación del trasvase del Ebro que acaba de acordar el Gobierno actual. Sin embargo, quiere hacer constar sus divergencias y preocupación con respecto a las propuestas alternativas presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que más que solucionar el problema del supuesto déficit de agua, proponen una oferta similar a la planteada por el propio trasvase.
Entrega de las Alegaciones contra el Trasvase del Ebro en el Ministerio de Medio Ambiente.
La propuesta alternativa mantiene una oferta de agua muy por
encima de la realmente necesaria que consolidaría políticas de
crecimiento urbanístico incontrolado (Murcia espera la llegada del
agua para construir decenas de campos de golf, 10.000 viviendas y
25.000 nuevas plazas hoteleras, en una operación urbanística de
grandes proporciones que acabaría con las últimas zonas vírgenes de
la frágil costa murciana).
"Aún estamos a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente
conteste a nuestras demandas y propuestas sobre el plan alternativo
al trasvase del Ebro que le remitimos hace dos semanas y que fueron
requeridas a las organizaciones ecologistas en la reunión del
Consejo Asesor de Medio Ambiente convocada en mayo", ha declarado
Juan López de Uralde, Director ejecutivo de Greenpeace España.
El plan alternativo presentado por el Gobierno tiene que evaluar
previamente qué medidas se pueden tomar para mejorar el ahorro y la
eficiencia en la gestión del agua, antes de apostar por la
desalación. La desalación sólo debe usarse para consumo humano y
debe analizarse en profundidad el impacto ambiental que ocasiona el
vertido de salmuera en el litoral, especialmente en la posible
destrucción de las praderas de Posidonia oceanica. Estas
instalaciones deben, además, respetar la ley de costas y utilizar
energías renovables dada la importante cantidad de energía que
requieren.
Una política de ahorro y eficiencia en el uso y gestión de agua
pasa por el control de los regadíos ilegales, la mejora de los
canales y redes de distribución de agua (que actualmente presentan
pérdidas de más del 30% en la cuenca mediterránea), el fomento de
la reutilización de aguas residuales para riegos y una política de
precios del agua que fomente el ahorro. No es admisible que el agua
para consumo humano cueste sólo 20 céntimos menos que la de regadío
para campos de golf (un campo de golf consume lo mismo que una
población de 9.000 habitantes).
También falta poner en marcha una política de prevención de la
contaminación de agua en origen, un problema que está haciendo que
desechemos los pocos recursos hídricos de las cuencas
mediterráneas. Controlar que se cumpla la legislación sobre
residuos urbanos e industriales es imprescindible para mejorar la
calidad de las aguas y, por tanto, la cantidad de recursos hídricos
disponibles. "El propio Ministerio de Medio Ambiente ha detectado
contaminación severa en el 33% de los cursos fluviales españoles.
Sabemos que un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua
dulce y la contaminación del agua supone la pérdida irreparable del
recurso. No podemos seguir permitiéndonos que la industria química
contamine nuestros escasos recursos hídricos", ha afirmado Julio
Barea, responsable de la Campaña de Aguas.
Por último Greenpeace espera que el Gobierno acelere el
cumplimiento de sus compromisos de reformar las confederaciones
hidrográficas y de trasponer correctamente la Directiva Marco del
Agua. Y exige que el nuevo Ejecutivo abandone para siempre la
obsoleta política de construcción de presas y trasvases y apueste
por la gestión y el control de la calidad del agua. El agua es un
bien escaso y limitado y hoy el consumo medio de agua por habitante
y día en España es el tercero más elevado del mundo (de 250 a 300
litros). La solución está en las políticas de gestión racional y de
fomento del ahorro.
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