Acción de Greenpeace contra el proyecto de central térmica de la refinería de Petronor en Abanto
Para cumplir con el Protocolo de Kioto, España no debería
aumentar en más de un 15 por ciento las emisiones de C02 que tenía
en el año 1990, año que sirvió de base para calcular los índices de
emisiones permitidas. Sin embargo, ya en 2003 nuestro país ya había
superado en más del 40% las emisiones de 1990. Los datos de 2004
demuestran que España no sólo no cumple el Protocolo de Kioto, sino
que está cada vez más lejos.
El acuerdo firmado en Kioto en el año 97 contempla el compromiso
de la Unión Europea de reducir sus emisiones de CO2 en un 8% en el
periodo 2008-2012 respecto a 1990. Para llegar a este objetivo se
repartieron unas cuotas de emisión por países y a España le
correspondía no aumentarlas en más del 15%.
La causa del temido récord de emisiones es la creciente demanda
de energía, y el origen fósil de la mayor parte de esta energía.
Los sectores que más emisiones producen son el transporte y el
eléctrico. Este último generó 246.604 millones de kilovatios-hora
en 2004, con una participación de las centrales térmicas superior
al 50%, lo que habría producido unas emisiones de CO2 de más de 80
millones de toneladas, según estimaciones de Greenpeace. A pesar de
ello, durante 2005 está prevista la puesta en marcha de 13 nuevos
grupos térmicos que añadirían más de 5000 MW de potencia, un dato
que hace prever que durante el presente ejercicio España se seguirá
alejando de los límites a los que se comprometió en Kioto.
"El Gobierno debe actuar con firmeza para cumplir sus promesas
de cambiar la trayectoria de incesante aumento de emisiones de
España", declara José Luis García Ortega, responsable de proyectos
de la campaña de Energía de GREENPEACE España. "Sabemos las grandes
presiones que han recibido de empresas como Endesa, pero no se
puede ceder al chantaje de los que quieren seguir contaminando sin
pagar por ello".
Para evitar que España se siga alejando del cumplimiento del
Protocolo de Kioto y contribuya a mitigar el cambio climático,
Greenpeace pide al Gobierno:
No aumentar la asignación total de derechos de emisión a los
sectores industriales dentro del Plan Nacional de Asignación (PNA).
Para cumplir con los requisitos de Bruselas, los derechos que se
concedan a las instalaciones que faltaban en el plan deberían
retraerse de los concedidos a las compañías eléctricas, que según
el PNA español recibirían derechos para emitir 84 millones de
toneladas de CO2 de media anual durante 2005-2007. Esta cifra se
podría reducir con mayor participación de las energías renovables y
promoviendo el ahorro en el consumo de energía.
Alinearse con los gobiernos más progresistas en las
negociaciones que se inician este año sobre los compromisos de
reducción de emisiones para más allá de 2012. Greenpeace reclama
que el conjunto de países desarrollados se comprometa a reducir las
emisiones en un 30% para 2020, respecto a 1990.
Aprobar cuanto antes el prometido Plan de Acción que recoja
todas las medidas de ahorro energético previstas en la Estrategia
Española de Cambio Climático.
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