Activistas de Greenpeace "cierran" la nuclear de Vendellós-2 para recordar a Zapatero su compromiso de abandonar la energía nuclear. En la imagen activistas dentro de la central de Vandellós-2.
El grupo socialista fue el primero en apoyar la Proposición del
grupo de Izquierda Verde, IV-IU-ICV, para reformar el CSN, cuando
se destapó el escándalo de Vandellós-2, pero durante la tramitación
parlamentaria el grupo socialista ha acabado por seguir la estela
de la popular María Teresa Estevan Bolea durante los 5 años que
estuvo al frente de la Presidencia del CSN, dedicados intensamente
a favorecer los intereses del lobby nuclear, pasando por alto el
interés general y sin ninguna preocupación por la seguridad.
El PSOE pactó con el PP una versión muy descafeinada de la
reforma del CSN de espaldas a IV-IU-ICV, el grupo que presentó la
Proposición de Ley. Este texto desvirtuado se aprobó en el Congreso
en junio de 2007.
Esta maniobra produjo tal escándalo en Presidencia del Gobierno
y otros sectores del partido, que el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, forzó al Grupo Parlamentario Socialista a
llegar a un acuerdo con IV-IU-ICV y los partidos nacionalistas para
mejorar la Proposición de Ley en el Senado, y evitar así que el PP,
con su mayoría, pudiera bloquear la mejora de la Proposición de
Ley.
En septiembre, el PSOE y IV-IU-ICV, a través de Entesa Catalana
de Progres, registraron en el Senado ocho enmiendas pactadas que,
de haber sido aprobadas, hubieran mejorado sustancialmente esa
Proposición de Ley. Pero los socialistas han vuelto a demostrar que
su intención de reformar el CSN es una farsa. En el Senado, lejos
de buscar un acuerdo con los nacionalistas, han dejado que el PP se
aliase con CiU para tumbar sin problema las enmiendas pactadas con
la Entesa en la reunión del pasado martes de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Senado.
Con su doble moral, el PSOE, junto con el PP y CiU, han impedido
que se reconozcan un importante número de derechos ciudadanos en la
legislación nuclear, que se cree una oficina de gestión de las
denuncias de los trabajadores, que el Comité Asesor para la
transparencia y la participación pueda acceder a documentos
imprescindibles para su trabajo, que se eliminen algunas de las
barbaridades que se incluyen en el nuevo régimen sancionador, entre
otros aspectos clave.
Por su parte, la actuación de CiU es paradigmática de hasta
dónde puede llegar la clase política para defender la agenda
personal de aquellos a quienes consiguen colocar en las
instituciones. En este caso, el apoyo de CiU al PP se ha visto
compensado con la introducción de una enmienda cuyo único objetivo
es asegurar la renovación automática por otros seis años del único
consejero del CSN propuesto por CiU hace seis años.
Greenpeace recalca también la lamentable actuación del CSN,
actualmente presidido por la socialista Carmen Martínez Ten, en la
campaña del lobby pronuclear para evitar que este organismo pueda
llegar a funcionar alguna vez de forma transparente e independiente
de la industria nuclear. Así pues, con la connivencia del Grupo
Socialista, el CSN intentó colar a última hora una enmienda que
habilitaba a este organismo para dejar sin efecto, a su voluntad,
las normas que por imperativo legal están obligadas a cumplir las
centrales nucleares. Esta bochornosa maniobra, que el CSN etiquetó
de simple "mejora técnica" de la Ley, tuvo que ser detenida por
altas instancias del Grupo Socialista en el Congreso después de que
Greenpeace alertara de ello.
De la misma manera, la revisión del régimen sancionador de la
Ley de energía nuclear, que el Ministerio de Industria ha tramitado
a instancias del CSN en paralelo con la reforma de la Ley del CSN,
no deja de ser otro manifiesto engaño a la ciudadanía.
Con la excusa de un endurecimiento de las sanciones, el
Parlamento aprobará un régimen cuya aplicación será inviable ante
las infracciones más graves, haciendo que éstas se puedan sancionar
como simples faltas leves. Además, no sólo se mantiene la
vergonzosa práctica de sustituir las multas por cartas de
apercibimiento, sino que se hace más opaca todavía, permitiendo que
el CSN oculte a los órganos sancionadores (Ministerio de Industria
o Gobiernos Autónomos) cuándo perdona las multas a las
nucleares.
Entre tanto, el CSN de la socialista Martínez Ten no se aparta
un milímetro de la senda marcada por la popular Estevan Bolea
durante su mandato. Las ocultaciones que se han revelado en estos
días pasados sobre el robo de uranio en la Fábrica de Juzbado y
sobre el transporte de residuos radiactivos de muy alta actividad,
que han atravesado de centro a norte la península, son una prueba
evidente de que el CSN sigue siendo lo que era y nada hay que haga
pensar que será diferente en el futuro. La historia se repite,
ahora con los socialistas.