Acción de Greenpeace en Turquía, pidiendo que se devuelvan los residuos tóxicos a España
Juan López de Uralde, director Ejecutivo de Greenpeace España,
ha declarado que ''este lamentable caso es un claro ejemplo de
irresponsabilidad empresarial y de incumplimiento de los tratados
internacionales cuando los Gobiernos no controlan debidamente que
se cumplan. Los residuos tóxicos del MV Ulla debían haber sido
devueltos hace años a España, su lugar de origen, y gestionados
correctamente antes de que resultaran una amenaza para el
Mediterráneo".
Greenpeace expuso el problema por primera vez en febrero de
2000, cuando el barco atracó en el puerto de Isdemir. El Gobierno
turco precintó e inimovilizó el MV Ulla al comprobar que su carga
contenían Cromo, VI, cuya entrada está prohibida en Turquía.
Desde entonoces, el barco y su carga, ha estado esperando
resoluciones de ambos gobiernos. Los documentos indican que España
es el país de origen de la carga. Y por tanto la responsabilidad de
su retorno pertenece a España según el Convenio de Basilea, del que
Turquía y España son parte.
Greenpeace descubrió que los residuos se transportaban desde
tres centrales térmicas españolas y fueron enviados a otra empresa
española, Dragados, en Argelia. Las cenizas pretendían ser
utilizadas para construir una presa en Argelia. La empresa
cementera Asland actuó de intermediaria, comprando las cenizas para
posteriormente vendérselas a Dragados. Sin embargo, misteriosamente
el barco acabó en Turquía en mayo de 2000 después de que la carga
fuera rechazada en Argelia.
Las negociaciones entre los dos países comenzaron a nivel
diplomático como resultado de las presiones de Greenpeace y otras
ONGs locales turcas. España envió en octubre de 2001 una carta al
Ministerio turco de Asuntos Exteriores comunicándoles que
Lafarge-Asland había sido multado con 50.000 euros por transporte
ilegal y abandono de la carga. El Gobierno español también comunicó
que había obligado a la empresa a preparar un plan de acción para
el retorno y gestión de los residuos. Al mismo tiempo un juez turco
decidió que los residuos podían ser retirados del barco. Sin
embargo, el Ministerio de Medio Ambiente turco decidió esperar a
que España se hiciese cargo ya que eran los responsables de esta
gestión.
Banu Dokmecibasi, responsable de la campaña deTóxicos de
Greenpeace en Turquía, ha explicado que "este largo proceso ha
mantenido al MV Ulla anclado en el puerto en muy malas condiciones.
A pesar de las constantes denuncias realizadas por las ONGs y
expertos sobre el grave impacto que tendría hundir el barco, los
Gobiernos han preferido esperar hasta que se ha hundido. Hemos
solicitado al Ministerio de Medio Ambiente turco que tome medidas
inmediatas para minimizar la contaminación del mar
Mediterráneo''.
A pesar de que Greenpeace España lleva años solicitando al
Ministerio de Medio Ambiente información sobre la resolución de
este caso (la última carta se envió en junio de 2003), el
ministerio no ha contestado.
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