Comunicado de prensa - enero 26, 2006
El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado a Greenpeace que no tiene intención de legalizar los más de 500.000 pozos ilegales, que según los datos que posee la propia Administración, están esquilmando nuestras reservas de aguas subterráneas. Este era el principal asunto que la asociación ecologista llevaba a la pasada reunión del Grupo de Trabajo de Aguas del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el pasado día 20 de enero, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop.
Greenpeace hace mediciones en el Guadaira y el Guadalquivir y concluye que las tres cuencas andaluzas presentan un estado de calidad del agua "muy deficiente"
A esta reunión fue convocado Fernando López Vera, director del
Grupo de Trabajo de Agua Subterránea, recientemente creado por el
Ministerio de Medio Ambiente. Greenpeace le preguntó sobre la
posible legalización de los pozos ilegales, un supuesto que negó
rotundamente.
Todo ello, a pesar de que en la propuesta de modificación del
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), elaborada por dicho
grupo de trabajo se hace mención a una regularización de
aprovechamientos de aguas subterráneas, en su Disposición adicional
cuarta. Dicha disposición ha creado un gran malestar entre los
colectivos de agricultores afectados por extracciones ilegales,
organizaciones ecologistas y de consumidores y de los propios
funcionarios de las confederaciones dedicados a expedientar el robo
de agua que ven así su trabajo totalmente desautorizado.
Greenpeace ya calificó el estado de calidad de las aguas
subterráneas en España como muy deficiente. Únicamente el 16% de
las mismas están actualmente en disposición de cumplir con los
objetivos ambientales que marca la Directiva Marco del Agua.
Las extracciones sin control que se realizan en España están
causando gravísimos daños a los acuíferos, sobreexplotando y
contaminando, a veces de forma irremediable, estas reservas
estratégicas de agua.
"La Administración tiene la obligación de elaborar leyes y poner
todos los medios a su alcance para erradicar conductas delictivas
que ponen en peligro el futuro abastecimiento de agua. Las
extracciones ilegales de agua, además, han causando graves pérdidas
en nuestro medio ambiente. Un triste ejemplo de ello, son las
Tablas de Daimiel, donde el robo de recursos hídricos durante
décadas ha condenado a la desaparición a éste y otros humedales
españoles. Todo ello, en ocasiones con la aparente complacencia y
permisividad de algunas Administraciones", ha declarado Julio
Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.