Cultivo de maíz transgénico.
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico en Zaragoza
Campo de maíz transgénico en Zaragoza
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza.
Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza.
Acción de Greenpeace contra la contaminación genética en la empresa Moyresa en Cartagena (Spain)
Las organizaciones firmantes criticaron la actitud del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que ha
presentado un nuevo texto sin consultar con los sectores implicados
y con la única posibilidad de hacer comentarios y no alegaciones.
Por eso destacaron también que la ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Elena Espinosa, ha roto el compromiso adquirido el
pasado 29 de marzo de contar con la participación de las
organizaciones sociales para elaborar una nueva propuesta tras
haber tenido que paralizar la aprobación de la versión anterior
ante la crítica masiva que recibió el texto.
Desde entonces, ninguna de las organizaciones ha recibido
noticia alguna del MAPA al respecto. De hecho, los miembros de la
Comisión Nacional de Biovigilancia no han sido informados del nuevo
texto y el proyecto se presenta en una fecha, el 20 de julio, que
pareciera elegida para minimizar la intervención de la sociedad
civil. Por otra parte, aunque sea positivo el hecho de que el
Ministerio de Medio Ambiente intervenga en el proceso, las
organizaciones califican de incomprensible que respalden tanto el
texto como la forma de proceder del MAPA, ya que Medio Ambiente,
durante los últimos meses, ha mantenido un diálogo fluido con las
organizaciones.
Por todo ello, las organizaciones firmantes enviaron hoy sendas
cartas a las titulares de ambos ministerios solicitando una
entrevista para exponer los motivos de su rechazo a este nuevo
Proyecto de Real Decreto y solicitar que se cumplan las promesas
que realizó la propia Ministra de Agricultura hace pocos meses. Las
organizaciones presentaron el 8 de marzo, las peticiones básicas
sobre coexistencia en el documento ("Consideraciones básicas a
incluir en las normas españolas de coexistencia entre cultivos
genéticamente modificados, cultivos convencionales y ecológicos").
Ninguna de sus principales reivindicadiones ha sido tomada en
cuenta. Algo que vuelve a poner en peligro un modelo de agricultura
social y favorece una agricultura industrial sometida a las
multinacionales en detrimento de los cultivos ecológicos y
convencionales.
Algunas de las críticas específicas al texto son:
* omite la responsabilidad ante los daños en la agricultura
convencional y ecológica provocados por la contaminación por
transgénicos. Es necesario que se legisle sobre esta
responsabilidad, aplicando el principio de "quien contamina, paga".
El texto exime a las empresas que comercializan las semillas y el
material vegetativo de variedades modificadas genéticamente de toda
responsabilidad ante contaminaciones, cuando deben ser las
principales responsables en materia de responsabilidad civil.
* plantea las medidas de coexistencia en términos de
cumplimiento de los umbrales permitidos y no en términos de medidas
que impidan la contaminación. Por tanto, no se podrá asegurar la
contaminación "cero técnico", de vital importancia para la
agricultura ecológica.
* la tibieza de las medidas condena a los agricultores a no
poder elegir el tipo de producción que deseen producir y a los
consumidores a no tener la libertad de elegir el tipo de alimentos
que desean consumir.
* no deja la posibilidad de declarar zonas libre de
transgénicos de forma genérica.
* es especialmente grave que no se establezca ninguna medida
específica para garantizar la tolerancia cero en contaminación de
semillas.
* establece una distancia de seguridad de 50 metros para el
cultivo del maíz, cuando se ha comprobado que el polen del maíz
puede desplazarse a una distancia muy superior. Por tanto ignora
las evidencias científicas en todo el mundo que demuestran que una
distancia mínima de 50 metros entre cultivos de maíz no evita la
contaminación. Los firmantes quieren recordar a las titulares de
ambos ministerios que dichas contaminaciones por polinización
cruzada, que ya han ocurrido en España, impiden, por ejemplo, la
venta de los productos procedentes de la agricultura ecológica en
los mercados de la Unión Europea.
* con respecto a las normas específicas de coexistencia para el
cultivo del maíz, quedan difusas tanto la obligación de los
agricultores que cultiven variedades MG de comunicarlo como el
cumplimiento de la distancia de seguridad, ya que sólo se hace
referencia a las parcelas limítrofes y queda indefinido para
parcelas que no sean colindantes pero que queden dentro de la
distancia de seguridad establecida.
* las medidas específicas para el cultivo del maíz son
técnicamente poco realistas dada la indiosincracia del mundo rural
y la inseguridad jurídica en la que se mueven los agricultores (por
ejemplo, la posibilidad de programar la floración de diferentes
variedades no es realista).
* no queda claro el régimen sancionador a aplicar por
incumplimiento de la normativa sobre coexistencia, ya que la ley
9/2003 de 25 de abril no establece claramente la tipificación y
graduación de la infracciones en coexistencia y el proyecto de Ley
de semillas que actualmente está en tramitación parlamentaria sólo
será aplicable a los incumplimientos de la normativa de
coexistencia por los cultivos de producción de semillas (y no por
el cultivo de grano).
El MAPA debe explicar quien será responsable de las pérdidas que
provoque el Real Decreto, aspecto nuevamente omitido. Asimismo
tendrá que explicar cómo se resolverá la pérdida de biodiversidad,
la aparición de resistencias que provocan los transgénicos y el
resto de daños causado por estos cultivos.
Los firmantes consideran contradictoria la postura de Medio
Ambiemte, que en el último Consejo de Ministros de la Unión rechazó
la propuesta de la Comisión de levantar las moratorias nacionales
de algunos estados de la UE.
Por eso reiteran su preocupación por el hecho de que España sea
el único Estado europeo donde se cultivan variedades retiradas por
la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea y prohibidas en otros
países y que no se respete la segregación de cultivos, la
trazabilidad y los registros públicos.
ORGANIZACIONES FIRMANTES: Alieco, Almocafre, Amigos de la
Tierra, Asociación de agricultura Biodinámica de España, Asociación
de consumidores de productos biológicos Ecogermen, Asociacion para
el fomento de la agricultura y ganadería ecológicas de Málaga,
ATTAC, Biocop, Dpto. Confederal de medio ambiente de CC.OO, CECU,
Cerai, COAG, Colla Ecologista d'Almassora, ECEAT España (Centro
Europeo de Eco Agro Turismo), Ecologistas en Acción, El Grelo
Verde, Fundación Global Nature, Greenpeace, Intereco, ISTAS, La
Calendula, La Tierrallana, Red Andaluza de Semillas "Cultivando
Biodiversidad", Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando",
SEAE, Sindicato Labrego Galego, Vida Sana.