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Ante esa situación, el Gobierno pretende utilizar la tarifa
eléctrica para subsidiar de forma encubierta la ausencia de interés
del mercado de seguros en realizar pólizas al sector nuclear para
cubrir su obligación legal de hacer frente a los daños nucleares.
El Gobierno hace así un nuevo favor a la industria nuclear,
utilizando un mecanismo para trasladar a los consumidores los
costes que la industria atómica no quiere asumir, en una
demostración de que la energía nuclear no puede subsistir sin
recibir subsidios estatales.
Greenpeace considera inaceptable que el Gobierno pretenda seguir
subvencionando la energía nuclear limitando la responsabilidad de
los propietarios de las centrales nucleares, como se hace
actualmente y mantiene el nuevo Anteproyecto de Ley. La
organización ecologista exige al Gobierno que retire este
Anteproyecto de Ley y opte por establecer un régimen que establezca
la responsabilidad ilimitada por los daños causados por accidentes
nucleares, tal como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y
otros países.
El Anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños
Nucleares establece que, en aplicación de nuevas disposiciones
establecidas por el Convenio de París y el Convenio de Bruselas
sobre responsabilidad civil nuclear, de los que España es parte, el
titular de instalaciones nucleares establezca una cobertura de
responsabilidad civil por una cantidad de 1.200 millones de
euros.
Es al respecto cuando el citado Anteproyecto, en su Exposición
de Motivos, dice literalmente: "Sin embargo, durante la tramitación
de la presente Ley se ha constatado que el mercado de entidades de
seguros que opera en el territorio nacional no dispone de capacidad
suficiente para prestar la garantía requerida, ni tampoco puede
ofrecer a los titulares, en el momento presente, aseguramiento para
algunos de los daños contemplados dentro de la definición de daño
nuclear, en particular de los medioambientales y de los personales
que se reclamen después de transcurridos 10 años después de la
fecha del accidente".
Para solventar esta situación, el Ministerio de Industria
incluye en el Anteproyecto el establecimiento de un mecanismo en
la tarifa eléctrica para "ofrecer dicha garantía para los daños no
asegurables por las entidades de seguros".
"Es muy decepcionante comprobar que el Gobierno se inclina por
mantener subsidiada a una industria que, además de peligrosa, no
sería capaz de sobrevivir si no fuera por la ayuda del Estado, en
lugar de seguir el ejemplo de otros países que también son parte de
los mismos Convenios, y que han optado por establecer una
responsabilidad civil ilimitada por los daños que causen las
instalaciones nucleares" -ha declarado Carlos Bravo, responsable de
la campaña de energía nuclear de Greenpeace- "La legislación que el
Gobierno propone sigue limitando la responsabilidad de los
titulares de centrales nucleares hasta una cifra que, si bien se ha
incrementado con respecto a la actual (de 150 M€ a 1.200 M€), está
a años luz de los costes que habría que sufragar en caso de un
accidente nuclear importante".
Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de
establecer las garantías necesarias y si no pueden conseguirlas de
las empresas de seguros, tendrán que asumirlo inmovilizando fondos
propios por un valor igual o superior a la responsabilidad
atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares
alemanas.
"¿Por qué motivo todos los ciudadanos tienen que
corresponsabilizarse a través de la tarifa eléctrica del pago de
unas indemnizaciones por unos daños de los que no han tenido culpa
alguna y menos todavía si tiene la opción de obtener el suministro
de electricidad de fuentes de energía limpias como las renovables y
no sucias como la energía nuclear?", ha añadido Carlos Bravo.
En realidad, en contra de lo que se ha hecho creer a la
ciudadanía, tanto la legislación que se propone como la vigente no
tienen como objetivo proteger a las víctimas, sino proteger a las
empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que
tendría que hacer frente en caso de accidente. Es más, resulta
incongruente que, cuando se ha tramitado en el Parlamento un
Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental que consagra la
responsabilidad ilimitada de las empresas por los daños
medioambientales, el régimen nuclear que se propone siga
protegiendo los intereses de las empresas propietarias de centrales
nucleares.
En opinión de Greenpeace es urgente establecer un régimen de
responsabilidad civil por daños nucleares ilimitada, especialmente
dado el estado de seguridad de nuestro parque nuclear. Desde el 1
de enero de 2007, se han producido la cifra récord de más de 30
sucesos de seguridad en las centrales nucleares españolas, de los
cuales, aproximadamente un tercio han provocado la parada forzosa
del reactor.
Estos sucesos han sido ocasionados en su mayoría por problemas
técnicos y fallos de equipos, a los que hay que sumar un número
nada despreciable de errores humanos. Todo ello es una demostración
palpable del creciente deterioro de nuestro envejecido parque
nuclear y también de la progresiva degradación de la cultura de
seguridad de los operadores nucleares, más preocupados de rebajar
costes y maximizar beneficios que de priorizar la seguridad de sus
instalaciones atómicas.