Este sitio usa cookies. Si continúas navegando estás aceptando su utilización. Más información

El Gobierno Balear no garantiza la legalidad de la madera amazónica utilizada en las obras de un espacio protegido

Comunicado de prensa - febrero 27, 2006
La madera tropical de ipé utilizada en la construcción de una pasarela en el Parque Natural de S`Albufera (Mallorca) procede de empresas brasileñas implicadas en tala ilegal, falsos títulos de tierras y un plan de gestión forestal suspendido por las autoridades ambientales brasileñas

Activistas de Greenpeace bloquean un camino ilegal de 135-kilometre, en el parque nacional (Flona) de Altamira, un área protegida en los márgenes de la carretera Br-163 en el estado de Párrafos creados por el gobierno brasileño en 1988. La carretera se utiliza para las operaciones y tala de árboles ilegales dentro del área protegida

La carretera Br-163 en el estado de Pará fue creada por el Gobierno brasileño en 1988. El camino corta directamente el Parque Nacional y se utiliza para las operaciones de talas de árboles ilegales dentro del área protegida.

El Grup Balear de Ornitología (GOB) y Greenpeace han denunciado ayer ante la fiscalía de medio ambiente de Baleares que las obras de construcción de una pasarela de madera de ipé han producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña, hechos susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en el código penal. Según los documentos aportados en el caso, la empresa de Vizcaya Fabricados Beylar XXI S.A. fabricó la pasarela y la empresa López Pigueiras S.A. importó en 2005 la partida de madera de ipé.

Las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca,  financiadas por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Balear y la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, han incluido la construcción de una pasarela de madera de ipé de, aproximadamente, 260 metros de longitud. La pasarela de madera de Ipé, madera procedente de la Amazonia, se instaló a finales de 2005 y las obras fueron inauguradas en enero de 2006.

En otoño de 2005 el Grup Balear de Ornitología (GOB) solicitó a la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears que acreditara documentalmente la legalidad de dicha madera. Dicha institución aportó como prueba dos documentos, ninguno de los cuales estaba emitido por la autoridad ambiental de Brasil, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), por lo que existen dudas razonables de su autenticidad o validad legal.

 "El Govern no sabe realmente de dónde procede la madera, se ha limitado a dar por buenos unos papeles que el contratista le ha dado, pasando por alto que la tala ilegal, la corrupción, y la destrucción ambiental son una constante en la Amazonia."- ha declarado Toni Muñoz del GOB. "Es una paradoja que quien ha financiado esta obra se autodenomine Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears".

En el caso de que los documentos aportados por el Govern fueran ciertos, la madera de ipé procedería del Estado de Pará (Brasil), de la empresa Madereira Sao Marcos, de una autorización del IBAMA nº 145/2000 para el Plan de Manejo 646/97. Dicho permiso del IBAMA fue suspendido en noviembre de 2004 ya que los títulos de propiedad de la empresa maderera eran falsos. No debe de ser casualidad que una empresa del mismo nombre, Madereira Sao Marcos, también en el Estado de Pará, fuera multada por el IBAMA tras el expediente de fecha 27/08/04 por la explotación ilegal e incumplimiento del contrato nº 064697 del Exp. Aut. nº 145/2000. El mismo plan de manejo del que, según el Govern, procede la madera de ipé utilizada. Esta misma empresa fue multada cuatro veces en el periodo 2002-2004. La madera de ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7 meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la falsedad de los títulos de tierras. Con estos antecedentes es fácil pensar que la madera no procede de la legalidad.

"Documentos sin validez legal, falsos títulos de tierras, tala ilegal, planes de gestión suspendidos. Es intolerable que una administración utilice dinero público para comprar madera tropical barata procedente de la destrucción social y ambiental de la Amazonia,"- ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.-"El Govern debería seguir el ejemplo de otros ayuntamientos mallorquines y adoptar una política de contratación pública que exija madera procedente de la gestión responsable, como es la madera con certificado forestal FSC, máxime cuando ya hay un grupo de empresas mallorquinas trabajando con madera procedente de la gestión responsable".

NOTAS:

1.Imágenes y documentos disponibles en http://www.gobmallorca.com/ipe.htm.

2.La certificación forestal del FSC acredita que productos de origen forestal como madera, papel, tableros, corcho, etc., han sido extraídos de bosques bien gestionados desde un punto de vista social, ambiental y económico.  El FSC ha certificado hasta la fecha más de 68 millones de hectáreas de bosques y plantaciones en todo el mundo.  El FSC es el único sistema de certificación de ámbito global y de amplia aceptación por un amplio abanico de agentes sociales, económicos y ambientales. El FSC cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de las organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, de ayuda al desarrollo, sindicales, etc.

3.Las empresas mallorquinas importadoras, almacenistas y transformadoras de madera FSC son Carpintería Vicens S.L. , Comercial e Industrial Bargar S.A., Compañía Insular Mercantil S.A. (CIMSA), Mundiforest S.L., Fustería Font S.A. , Grup Orell y M. Riera S.A.

Etiquetas