Vista de la central nuclear de Vandellos-II
Por la información de que dispone Greenpeace, las compañías
propietarias de Vandellós-2 (Endesa e Iberdrola) están presionando
al CSN para que permita el arranque de la central, que se encuentra
en situación de parada desde el pasado mes de marzo. Sin embargo,
Vandellós-2 no ha cumplido íntegramente la serie de medidas y
actuaciones impuestas por el CSN el pasado 17 de marzo en relación
al citado problema de corrosión (y que dieron lugar a que la
central sufriera el incidente del 25 de agosto de 2004, el más
grave de todos los ocurridos en España después del de Vandellós-1,
según el propio CSN).
Para asegurar que el CSN no se rinde a esas presiones,
Greenpeace considera indispensable que el Consejo haga público de
forma inmediata el grado de cumplimiento de todas y cada una de las
acciones previstas en el Plan de Actuación para corregir las
deficiencias que reveló el incidente del 25 de agosto de 2004 y de
las condiciones fijadas por el Pleno del CSN en su reunión del día
17 de marzo antes de dar su apreciación favorable previa al
arranque.
"Esperamos que la llegada del período estival, y con ello la
relajación de la presión pública, no dé lugar a que el CSN relaje
también las exigencias de seguridad y no asegure el cumplimiento
completo, estricto y riguroso de todas y cada una de las medidas
anteriormente exigidas a la central", declaró Carlos Bravo,
responsable del Área de Energía de Greenpeace.
Greenpeace considera, además, que esta información es esencial
para que el público afectado pueda ejercitar los derechos
constitucionales y de otra índole que le asisten y evitar que, como
ha ocurrido en otros casos en el pasado, se produzca una nueva
situación de indefensión.
El CSN, en su reunión del 17 de marzo de 2005 (ver comunicado de
prensa del CSN, de esa fecha), impuso a la central nuclear
Vandellós-2 el cumplimiento de una serie de medidas en relación con
el Sistema de Agua de Servicios Esenciales y otra serie de
requerimientos adicionales relativos a:
Acciones adicionales y modificaciones de diseño para garantizar
la integridad estructural y funcionalidad del Sistema de Agua de
Servicios Esenciales.
Revisión de sistemas importantes para la central, susceptibles
al mismo mecanismo de degradación, para asegurar que su
operatividad no está comprometida por este fenómeno.
Acciones para la corrección de las deficiencias de gestión
organizativa y de gestión de la seguridad.
Acciones para corregir deficiencias concretas detectadas en
otras inspecciones, en relación con la efectividad del
mantenimiento y cumplimiento de requerimientos específicos
establecidos en la documentación de referencia.
Asimismo, el CSN acordó que, antes de proceder al arranque de la
central, el titular deberá disponer de una apreciación favorable
del Consejo basada en la evaluación del desarrollo del Plan de
Actuación remitido y de las acciones establecidas por el CSN y
remitidas a la planta.
Desde sus primeras denuncias, el pasado mes de febrero, sobre la
importancia de la corrosión del Sistema de Agua de Servicios
Esenciales de Vandellós-2, Greenpeace se ha dirigido al CSN en
varias ocasiones reclamando una total transparencia en la
investigación de las causas que provocaron este lamentable
incidente y en el seguimiento de las medidas tomadas para corregir
las deficiencias detectadas en los sistemas y en la organización de
la central.
En gran medida gracias a la insistencia de Greenpeace, en los
meses de abril y mayo pasados el CSN hizo públicos una serie de
informes sobre las causas del suceso y sobre las actuaciones del
titular y del propio CSN. Desgraciadamente, después de esos meses
iniciales de presión mediática, el CSN ha vuelto a caer en su
oscurantismo habitual haciendo caso omiso de las resoluciones de la
Ponencia del Congreso de los Diputados que investigó el suceso en
los pasados meses de mayo, junio y julio.
Greenpeace considera que esta nueva muestra de falta de
transparencia del CSN es absolutamente inaceptable y representa un
importante agravio para una sociedad que exige cada día una mayor
participación ciudadana en los asuntos que pueden afectar al medio
ambiente, como demuestran las últimas directivas comunitarias sobre
libre acceso a información ambiental y la reciente ratificación por
España del Convenio Aarhus.