Comunicado de prensa - julio 1, 2005
Greenpeace ha valorado muy positivamente la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados del etiquetado eléctrico. La ley aprobada obligará a que todas las compañías eléctricas tengan que acompañar las facturas de una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique con claridad el origen de la electricidad vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su generación.
Etiquetado eléctrico que quiere Greenpeace
Greenpeace ha expresado su satisfacción por la decisión del
Congreso, que obligará al Ministerio de Industria a modificar el
decreto que estaba preparando en la dirección propuesta por
ecologistas, consumidores y sindicatos, a través de la campaña
"QUEREMOS SABER... PARA PODER ELEGIR".
"Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que
los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el
impacto ambiental que necesitan para ejercer su derecho a elegir
las fuentes de energía de la electricidad que compran" -ha
declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la
Campaña de Energía de Greenpeace España-. "Las compañías eléctricas
que se dedican a engañar al consumidor con energía falsamente verde
o incitando al derroche energético, lo van a tener más
difícil".
El etiquetado eléctrico ha adquirido rango de ley, gracias a una
enmienda incluida la Ley de Impulso a la Productividad, que se ha
aprobado hoy en el pleno del Congreso a propuesta del grupo
parlamentario de ERC. El texto aprobado dice que, como medida de
protección al consumidor, en el Real Decreto por el que se requiere
que en las facturas eléctricas se indiquen las fuentes de
procedencia de la energía, el Gobierno "velará por establecer una
información sistemática en cada factura, con formato informativo
uniforme para todas las empresas, que incluya elementos que
faciliten la comprensión de los impactos ambientales asociados a
cada fuente, que limite los porcentajes de procedencia desconocida
y que garantice la rigurosidad en la procedencia de los datos".
El Ministerio de Industria ya estaba preparando un Real Decreto
que incluía el etiquetado eléctrico. Sin embargo, la propuesta
ministerial había sido fuertemente criticada en el Consejo
Consultivo de Electricidad, entre otros por Greenpeace, ya que
permitiría a las compañías inventarse la etiqueta que indique el
origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrían
comparar entre lo que les ofrecen distintas compañías, y lo que es
peor, equivaldría a legalizar el engaño "verde" de las
eléctricas.
La diferencia fundamental entre la enmienda aprobada a la Ley de
Impulso a la Productividad y el decreto propuesto por el Gobierno,
es que éste no establece una etiqueta uniforme, ni en su forma ni
en su contenido, con lo que cada compañía eléctrica podría
presentar como quisiera la información sobre el origen de la
electricidad que venden. Además, según el borrador de decreto, esa
etiqueta no tendría que contener la información sobre el impacto
ambiental de la electricidad suministrada ni habría ningún órgano
independiente que controle la fiabilidad de la información
proporcionada. La aprobación de la enmienda a la Ley obligará al
Gobierno a modificar el decreto, para exigir un formato uniforme de
la etiqueta eléctrica.