Acción de Greenpeace con sesenta activistas en la central nuclear de Garoña.
Greenpeace se muestra disconforme con esta sentencia y recurrirá
la misma ante instancias superiores, siempre en defensa del derecho
a la libertad de expresión y de manifestación por medios
pacíficos.
El pasado 20 de noviembre de 2008, a pocos meses vista de la
decisión que el Gobierno debía tomar sobre el cierre de la central
nuclear de Garoña, activistas de Greenpeace llevaron a cabo en la
central una protesta pacífica. Con ella exigían al Gobierno
socialista el cumplimiento de su compromiso de cierre de las
centrales nucleares y el cierre inmediato de Garoña (cuyo permiso
de explotación finalizaba el 6 de julio de 2009). En la madrugada
de aquel día, 60 activistas lograron instalar un contenedor de
resistencia en la entrada principal de esta central. Tras más de 12
horas de resistencia pacífica, fueron desalojados por miembros del
Grupo de Reserva y Seguridad Nº. 6 de la Guardia Civil, que
detuvieron a 29 de ellos.
Precisamente, semanas antes de dicha acción, Greenpeace supo (e
hizo público) que el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, había
pactado, a espaldas de la ciudadanía, con el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) y las compañías eléctricas propietarias de Garoña
(Iberdrola y Endesa, que forman Nuclenor, la titular de la central)
sobre el futuro de la central nuclear burgalesa. Su permiso de
explotación finalizaba el 5 de julio de 2009, 38 años después de
que Franco la inaugurara. Debido a ese pacto, el CSN informaría en
junio de 2009 a favor de conceder la prórroga de 10 años que había
solicitado previamente Nuclenor, a pesar de los problemas de
seguridad de esta central.
A partir de ese momento, al hilo de ese pacto, Nuclenor, Endesa
e Iberdrola, el Foro Nuclear y todos los acompañantes del lobby
nuclear (incluidos destacados responsables del Partido Popular, y
políticos como Felipe González o Rosa Díez, entre otros) repitieron
sistemáticamente el mismo mensaje: la decisión sobre el futuro de
Garoña deberá ser la que tome el CSN y no una decisión política
basada en el cumplimiento de un compromiso electoral y de
Gobierno.
El pasado 5 de junio, como se esperaba, el CSN emitió su
dictamen favorable, a pesar de que la central de Garoña había
incumplido varios de los requisitos que el CSN previamente les
había exigido para prorrogarle la licencia: la substitución del
cableado eléctrico y solventar los reiterados problemas de la
ventilación de emergencia de la contención. Además, el Consejo
minimizó el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión
que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros elementos
del circuito primario, incomparable con ninguna otra central del
mismo tipo en Estados Unidos u otros países.
Finalmente, el 2 de julio el Gobierno hizo pública su decisión
sobre el futuro de la central nuclear de Garoña: el cierre se
producirá en 2013. Una decisión incomprensible, puesto que el
Gobierno y el Ministro de Industria, el pronuclear Miguel
Sebastián, habían reconocido que la central nuclear de Garoña es
perfectamente prescindible, que su cierre es asumible porque no
afectaría en modo alguno a la garantía del suministro eléctrico. El
argumentario utilizado por el Gobierno para cerrarla en 2103 es
igualmente válido para cerrarla en 2009, como desde Greenpeace y el
movimiento ecologista se pedía .
Conceder a Garoña esos cuatro años extra sólo se explica porque
el Gobierno, que había anunciado previamente (incluso por medio de
Zapatero) que la cerraría en 2011, se ha doblegado a las presiones
de Endesa-Enel y de Iberdrola, las compañías eléctricas
propietarias de Garoña (a través de la empresa Nuclenor), y del
resto del lobby nuclear. Esos cuatro años extra suponen un regalo
de 1.000 millones de euros para Iberdrola y Endesa-Enel. Además, se
le exime de hacer toda una serie de
inversiones en materia de seguridad. Cuatro años de riesgo de
sufrir un
accidente nuclear en esta central nuclear vieja, deteriorada y
peligrosa.
Greenpeace emitió ese mismo día 2 de julio un duro comunicado
condenando la decisión del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, de mantener en funcionamiento cuatro años más
la central nuclear de Garoña (Burgos). Greenpeace denunciaba que,
con esa decisión, Zapatero demostraba su falta de palabra y su
incoherencia y que al final la codicia de Iberdrola y Endesa,
propietarios de la central, empeñados en seguir lucrándose con una
central vieja y peligrosa pero totalmente amortizada, habían pesado
más sobre Zapatero y su Gobierno, que el interés general de la
sociedad.
Zapatero había así incumplido de forma clara su "compromiso
electoral, programático y de investidura" de abandonar la energía
nuclear, y había dado un gran paso atrás en la consecución de un
modelo energético sostenible, basado al 100% en las energías
renovables y en la eficiencia energética.