Portada del informe “Los peligros de los reactores nucleares. Los riesgos continuos que entraña la tecnología nuclear en el siglo XXI”.
El incremento del riesgo de accidente nuclear se debe a la
combinación de una serie de factores como el envejecimiento de los
reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente
peligrosa, la cada vez menor cultura de seguridad de los operadores
como consecuencia de la falta de competitividad de la energía
nuclear en un mercado eléctrico liberalizado, la amenaza creciente
del terrorismo y la vulnerabilidad de las instalaciones nucleares
ante los efectos del cambio climático.
"España no es una excepción en un panorama internacional de
deterioro sin precedentes de la seguridad nuclear. Nuestra
seguridad y nuestro bienestar están en riesgo por culpa de las
centrales nucleares. Pedimos al Gobierno que ponga en marcha el
prometido plan de abandono de la energía nuclear", ha declarado
Mario Rodríguez, director de Campañas de Greenpeace.
El informe analiza todos los tipos de reactores actualmente en
funcionamiento, recordando que todos los diseños de reactores,
independientemente de su origen, tienen serios fallos de seguridad
inherentes, que no pueden eliminarse mediante programas de mejoras.
Además, existen una serie de factores internos y externos que
pueden reducir aún más los márgenes de seguridad:
Los problemas derivados del envejecimiento y el agotamiento de
la vida útil de los reactores. La media de vida de los reactores en
operación en el mundo es de unos 22 años, lo que significa que la
mayoría están ya al final de su vida útil técnica (en torno a 25
años). Las consecuencias del envejecimiento de una central nuclear
pueden describirse a grandes rasgos como dobles. En primer lugar,
aumentará el número de incidentes y de sucesos reseñables
-incremento del número y frecuencia de las paradas no programadas,
fugas, grietas, cortacircuitos debidos a daños en los cables,
etc.-.
Las centrales nucleares españolas han batido en lo que va de año
el récord de fallos de seguridad, en una tendencia creciente en los
últimos años. Desde el 1 de enero de 2007, se han producido al
menos (el secretismo del Consejo de Seguridad Nuclear no permite
conocer la cifra exacta), 47 sucesos significativos de seguridad en
las centrales nucleares españolas, de los cuales, 10, como mínimo,
han provocado la parada forzosa del reactor.
El proceso de envejecimiento está llevando a un debilitamiento
gradual de los materiales que podría provocar fallos catastróficos
de algunos componentes, causando un escape radiactivo de enorme
gravedad. El más notorio de estos procesos es la fragilización de
la vasija de presión del reactor, que aumenta el riesgo de que ésta
se rompa, fracasando así en su función de aislar la radiactividad
del exterior y llevando al reactor a una situación gravísima en
cuanto a seguridad se refiere.
En España, la media de edad de todas las centrales es de casi 25
años y todas presentan, en mayor o menos medida problemas de
envejecimiento. Garoña, la más antigua en funcionamiento, sufre
graves problemas de corrosión y agrietamiento.
La desregulación (liberalización) de los mercados de
electricidad ha empujado a las empresas con centrales nucleares a
disminuir las inversiones en seguridad y a reducir plantilla. Como
demostró el escándalo de Vandellós-2 en 2005, la disminución de
costes lleva aparejada una reducción de los márgenes de
seguridad.
La falta de independencia de los organismos reguladores en
materia de seguridad nuclear (como el Consejo de Seguridad Nuclear
español)
Los reactores nunca podrán estar suficientemente protegidos
contra la amenaza terrorista. Existen diversos escenarios -además
de la colisión de un avión comercial sobre el edificio del reactor-
que podrían provocarun grave accidente.
Los impactos del cambio climático, tales como inundaciones,
sequías extremas o el aumento del nivel del mar incrementan
seriamente el riesgo nuclear. Por ejemplo, en agosto de 2006, la
central nuclear de Santa María de Garoña tuvo que parar a causa de
las elevadas temperaturas de las aguas del río Ebro del cual
depende su refrigeración.
En cuanto a los futuros reactores, denominados de "cuarta
generación", aún en fase de diseño, el informe demuestra que,
además de tener sus propios y específicos problemas de seguridad,
requerirían enormes sumas de dinero para hacer posible su
desarrollo, por lo que se duda de su viabilidad comercial.
El Ejecutivo tiene el compromiso electoral y de Gobierno de
abandonar gradualmente la energía nuclear en España y sustituirla
por "energías más limpias, más seguras y menos costosas[que la
energía nuclear]", tal y como recogía el propio programa electoral
del PSOE.
"En 1989, con el accidente de Vandellós-1 nos libramos casi de
milagro de una catástrofe nuclear. No podemos seguir corriendo el
riesgo al que nos someten las centrales nucleares y sus
irresponsables propietarios. Ayer mismo se ha producido una nueva
parada en Ascó-2 tras detectarse un grave fallo de diseño", ha
declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de nuclear.
Los costes humanos, de salud, medioambientales y económicos de
un accidente nuclear, como nos viene demostrando la tragedia de
Chernóbil, serían tremendamente altos. Por ello, ante el peligro
que implica la utilización de la energía nuclear y, con más razón,
ante el incremento del riesgo en la actualidad, el Gobierno debería
imponer a las compañías propietarias de centrales nucleares un
régimen de responsabilidad civil ilimitada por los daños causados
por accidentes nucleares, tal y como el que ya se encuentra en
vigor en Alemania y otros países.
Sin embargo, en el Anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares elaborado por el Ministerio de Industria
se reconoce que las compañías de seguros no quieren cubrir los
riesgos de las empresas con centrales nucleares en caso de
accidente nuclear (y ello, a pesar de que la responsabilidad queda
limitada en dicho Anteproyecto a sólo 1.200 millones de euros).
(Ver NOTAS). Ante la ausencia de interés del mercado de seguros en
esta cuestión, el Gobierno pretende utilizar la tarifa eléctrica
para subsidiar de forma encubierta al sector nuclear y cubrir su
obligación legal de hacer frente a los daños nucleares. Así, el
Ministerio de Industria incluye en su Anteproyecto el
establecimiento de un mecanismo en la tarifa eléctrica para
"ofrecer dicha garantía para los daños no asegurables por las
entidades de seguros".
Greenpeace exige al Gobierno que retire este Anteproyecto de Ley
y establezca un régimen que imponga la responsabilidad civil
ilimitada de los operadores de instalaciones nucleares.
NOTAS
(1) El citado Anteproyecto, en su Exposición de Motivos, dice
literalmente: "Sin embargo, durante la tramitación de la presente
Ley se ha constatado que el mercado de entidades de seguros que
opera en el territorio nacional no dispone de capacidad suficiente
para prestar la garantía requerida, ni tampoco puede ofrecer a los
titulares, en el momento presente, aseguramiento para algunos de
los daños contemplados dentro de la definición de daño nuclear, en
particular de los medioambientales y de los personales que se
reclamen después de transcurridos 10 años después de la fecha del
accidente".