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Greenpeace lamenta que la nueva ministra de Medio Ambiente decida extinguir el atún rojo

Rosa Aguilar se ha opuesto al establecimiento de medidas de protección para esta especie al borde del colapso

Comunicado de prensa - octubre 26, 2010
Tras la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea celebrada hoy, Greenpeace denuncia que España ha bloqueado la propuesta de la Comisaria de Pesca, María Damanaki, de proteger el atún rojo. La organización ecologista lamenta que en su primera actuación como ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar se haya opuesto a las medidas para recuperar esta amenazada especie.

Tras el colapso de los stocks de atún rojo del Atlántico Oeste y del Pacífico Sur, el stock del Atlántico Este se ha convertido en el principal stock para esta pesquería a nivel mundial. Las capturas se realizan principalmente en el mar Mediterráneo, donde se ha producido una evidente mala gestión en la última década, incluyendo los mayores niveles de pesca ilegal del mundo.

"Es lamentable que sigamos escuchando los mismos argumentos que muestran que este Gobierno tiene en el medio ambiente la última de sus prioridades",  ha declarado Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace. "Si alguien pretende continuar con los planes de recuperación para esta especie y seguir las recomendaciones del Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), lo primero que debería hacer es reducir la cuota y proteger el sur de las Islas Baleares".

La propuesta europea establecía una cuota de 6.500 toneladas y áreas de protección para las zonas de reproducción del atún rojo, como el Santuario Balear. Medidas imprescindibles para evitar el colapso de esta especie.

España, junto con Italia y Francia, es uno de los países líderes en esquilmar el atún rojo. El establecimiento de una cuota por encima de 6.000 tonadas no cumpliría con la Estrategia Marina para 2020 y no permitiría su recuperación. España no solo está incumpliendo así una directiva europea, sino que además se niega a proteger la zona de desove del sur de las Islas Baleares, algo que ha sido recomendado por el comité científico de ICCAT

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