Comunicado de prensa - octubre 14, 2010
El 31 de diciembre de 2010 es la fecha dada por la Audiencia Nacional a Fertiberia para que cese sus vertidos contaminantes a las marismas del Tinto. Entonces, la empresa deberá devolver los terrenos de Dominio Público que ocupa y restaurar la zona. Para garantizar que esto se cumple, la Audiencia impuso una fianza a Fertiberia de 21 millones de euros, aunque a día de hoy, la empresa no ha depositado el aval que garantizaría el desalojo y la regeneración ambiental de la zona.
Las balsas de fosfoyesos en Huelva ocupan 1.200 ha y albergan más de 120 millones de residuos tóxicos y radiactivos.
Los expedientes e informes emitidos por la Comisión Europea (CE) y el Parlamento europeo (PE) respaldan las denuncias realizadas por Greenpeace, WWF y otros colectivos sociales de Huelva, en lo relativo a la vulneración de las directivas sobre Control Integrado de la Contaminación (IPPC) y de residuos peligrosos. Estas son exigibles desde hace más de una década en Europa, pero son reiteradamente incumplidas por Fertiberia ante la pasividad de la Junta de Andalucía.
Los fosfoyesos son "residuos industriales tóxicos y ligeramente radiactivos", como determina el último informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras su visita a Huelva. Los fosfoyesos no sólo han contaminado las marismas del Tinto, sino que han alcanzado también la desembocadura del Odiel. Es necesario descontaminar correctamente la zona y establecer un sistema permanente de vigilancia en tiempo real sobre la contaminación del suelo, el aire y el agua, accesible al publico. Por ello, la solución que propone la empresa de cubrir con tierra estos residuos está totalmente desaconsejada y supone la peor de las alternativas posible en cuanto a restauración.
"El sitio debe ser descontaminado, a fin de mantener la zona en un estado conforme a la normativa europea, se debe aplicar el principio de quien contamina paga", ha declarado Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España. "Esperamos que la Administración exija a Fertiberia el pago de la fianza y que la empresa asuma toda su responsabilidad. No sería deseable encontrarnos de nuevo con un caso como el de Bolinden", ha declarado Julio Barea, responsable de la Campaña de Contaminación de Greenpeace.
Antes del cese de los vertidos, exigido por la Audiencia Nacional y las autoridades europeas, la Junta de Andalucía y Fertiberia deben urgentemente elaborar un plan de empleo que los trabajadores afectados participen en las tareas de descontaminación. Este plan ha sido exigido en varias ocasiones por los ecologistas al Gobierno andaluz sin que todavía haya definido claramente la manera en que procederá ante esta situación. Todavía se está a tiempo de establecer medidas que supongan una oportunidad para generar nuevos empleos verdes en Huelva.