Greenpeace cambia el rótulo de la fachada del Ministerio para reflejar la orientación pronuclear de la política energética del Gobierno.
Estos son los informes clave del proyecto del cementerio nuclear que promueve el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) y que éste, a través del abogado del Estado, se negaba a presentar.
Para Greenpeace esta actitud secretista y obstrucionista del Ministerio de Industria es una demostración patente de la falta de transparencia del proceso del cementerio nuclear emprendido por el MITyC y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA, que depende de aquel). Este proceso se ha caracterizado también por la ausencia de mecanismos de participación pública previos al inicio del proceso, por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda de candidatos negociada en secreto.
En ese sentido, este proceso puede considerarse ilegal, pues vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (conocido como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.
Por ello, a finales del pasado mes de febrero, Greenpeace interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (al que se ha sumado Ecologistas en Acción) para impugnar la Resolución del 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria que daba inicio al proceso de búsqueda de candidatos para alojar el cementerio nuclear centralizado (ATC) y su centro de experimentación nuclear asociado.
La Audiencia Nacional, en una resolución de fecha 23 de marzo, dió traslado a las organizaciones demandantes del expediente administrativo sobre el ATC y su centro de experimentación nuclear asociado que le había remitido el MITyC, y emplazó a Greenpeace y Ecologistas en Acción a formular la demanda correspondiente en un plazo de 20 días.
El expediente remitido por el Ministerio de Industria a la Audiencia Nacional constaba de 8 documentos, todos ellos referidos a cuestiones normativas y procedimentales, sin que figurase ni un solo documento en el que se pueda conocer las condiciones concretas del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado, determinantes para conocer si la resolución se ajusta a derecho.
Debido a ello, Greenpeace planteó un recurso de súplica para recabar los informes citados, entre otros, con el fin de disponer de la información relevante sobre el proyecto del cementerio nuclear y su centro de experimentación nuclear asociado. A pesar de la negativa del MITyC, la audiencia Nacinal ha estimado el recurso de Greenpeace.
Cabe destacar que nadie, ni siquiera los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a albergar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado o de los parlamentos autonómicos, han podido ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC. Lo cual, a juicio de Greenpeace, es una demostración clara de la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria.
De hecho, la violación del este Convenio ya ha sido reconocido explícitamente por el Parlamento de Cataluña, en su Resolución contraria a la instalación del cementerio nuclear en Cataluña aprobada el pasado 11 de marzo, con los votos a favor de PSC-PSOE, CiU, ERC y ICV, y ningún voto en contra. En el punto 2 de dicha Resolución el Parlamento reconocía que la candidatura de Ascó (la única de Cataluña) no ha cumplido con los requisitos de información y participación pública establecidos en el Convenio de Aarhus.
La organización ecologista recuerda que TODAS las comunidades autónomas en las que se encuentran los municipios que han presentado su candidatura al Ministerio de Industria han mostrado ya su rechazo a albergar en su territorio ese cementerio nuclear. Tras los rechazos de Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, han seguido los claros rechazos de las CC.AA. de Castilla y León y Valencia, gobernadas por el PP.
"Ante el rotundo rechazo social, territorial y político suscitado ante este proyecto, Greenpeace pide al Gobierno y al PP que acuerden, en el Pacto Energético que están negociando, la paralización del proceso del cementerio nuclear", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace.