Activistas de Greenpeace Chile, acompañados del director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, hicieron una acción de protesta en el río Baker de la Patagonia chilena, en dos de los lugares que se verán gravemente afectados por los proyectos de cinco centrales hidroélectricas.
Endesa y Enel pretenden construir cinco represas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, que inundarían más de 6.000 hectáreas, incluyendo tierras agrícolas y ganaderas, así como de alto valor turístico y ecológico. El objetivo es producir electricidad que luego se transportaría hacia el norte mediante la línea de alta tensión más larga del mundo, con más de 2.200 kilómetros de longitud. Este tendido atravesaría el 51% del territorio chileno, nueve+- regiones y 67 comunas, incluyendo territorio de comunidades indígenas Mapuche, y afectaría 16 áreas protegidas estatales y 32 privadas.
Los argumentos de los detractores de este proyecto son numerosos: además de destruir paisajes únicos, desplazar y separar comunidades, y acabar con la agricultura y ganadería de subsistencia que se practica en la zona, también se destruiría el potencial del turismo ecológico. A esto hay que sumar que diferentes estudios de alto nivel han mostrado que el proyecto no es necesario, ya que Chile tiene un inmenso potencial en el uso eficiente de la energía y en fuentes renovables no-convencionales.
Endesa y Enel pretenden continuar adelante con este proyecto pese a sus eventuales impactos negativos, a los diversos y elevados riesgos que entraña el proyecto, así como pese a la oposición local, y está utilizando para ello todos los medios a su alcance, incluyendo el lobby y tráfico de influencias al más alto nivel, e incluso la compra de voluntades en las comunidades. Recientemente, el directivo de Enel, Fulvio Conti, viajó a Chile para reunirse con el nuevo Gobierno y presionar para que se acelere el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, a pesar de las flagrantes deficiencias que ha presentado, y que han sido señaladas reiteradamente por los propios servicios públicos chilenos.
El Tribunal ha recibido un dossier con todos los datos sobre el proyecto y sus potenciales impactos, además de una relación de la legislación nacional y tratados internacionales aplicables, firmados por Chile, que serían violados si el proyecto sigue adelante. "Hemos presentado al Tribunal todas las evidencias y esperamos un dictamen negativo ante la magnitud de las violaciones de derechos humanos y del derecho al medio ambiente que implican estas mega-represas", ha declarado Mabel González, portavoz de Greenpace.
Si Enel y Endesa logran construir estas represas, además, tendrán un monopolio absoluto sobre dos sectores básicos para la autonomía y la independencia de un país como son el agua, por un lado, y la producción y suministro de electricidad por otro. "Al poner en marcha HidroAysén, Endesa y Enel controlarán el 90% del mercado energético y el (0% de los derechos de agua para hidroelectricidad del país. La acumulación de poder que esto supone constituye una verdadera amenaza para la democracia chilena que no debe tolerarse. El Gobierno chileno debe suspender este proyecto y sino la comunidad nacional e internacional tendrá que hacerlo", ha señalado Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas.
Recientemente, un precedente importante ha dado la razón a aquellos que se oponen al proyecto. Entre otras normas, la tramitación del proyecto viola el Tratado de Medio Ambiente entre Chile y Argentina firmado en 1991, y el Acuerdo de Cooperación Ambiental con Canadá firmado en 1999. Ahora la Comisión de Cooperación Ambiental de Canadá ha acogido la demanda presentada por las organizaciones de la Campaña de Defensa de la Patagonia, y ha exigido al Estado chileno que dé explicaciones sobre el incumplimiento la legislación medioambiental. A juicio de Marcel castillo, abogado del CDP "Chile se sienta así en el banquillo de los acusados".
El Tribunal Permanente de los Pueblos se reúne en Madrid los días 14 y 15 de mayo para juzgar los abusos que las multinacionales españolas y europeas cometen en América Latina, y la complicidad de los Estados y de la propia Unión Europea en sus actuaciones. El Tribunal está compuesto por personalidades de gran prestigio moral y ético, asesorados a su vez por un comité jurídico. Se basa en el precedente de los Tribunales Russell que han juzgado desde la guerra de Vietnam hasta la dictadura de Pinochet en Chile o la construcción del muro en Palestina. Sus dictámenes no son vinculantes pero tienen un elevado valor ético y moral, y contribuyen a crear conciencia y diseminar información de alta calidad que empodera a la ciudadanía.
Para todo ello, se contará con un jurado de 14 personalidades muy reconocidas como el presidente del jurado, que será Perfecto Ibáñez, vocal del Consejo General del Poder Judicial. También estará Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; Judith Brown Chomsky, abogada en el juicio estadounidense a Shell por sus crímenes en Nigeria; Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Secretario General del TPP, Gianni Tognoni.
El Tribunal se celebra en el marco de la cumbre de movimientos sociales "Enlazando Alternativas IV", con el telón de fondo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-América Latina. La sesión de Madrid es la cuarta en un proceso que pretende dar visibilidad a los movimientos sociales y luchas ciudadanas contra los abusos de las multinacionales en aquel continente, y coordinar las resistencias frente al poder antidemocrático de estos poderosos actores [1]
Nota:
[1] Toda la información sobre las actividades del Tribunal y la contra-cumbre puede encontrarse en: www.enlazandoalternativas.org