Acción de Greenpeace con sesenta activistas en la central nuclear de Garoña.
La demanda aporta argumentos que demuestran que la citada Orden Ministerial es nula de pleno derecho y, en consecuencia, la central nuclear debe ser cerrada, al no disponer de autorización legal para su funcionamiento.
En primer lugar, las organizaciones ecologistas demuestran en la demanda que la central nuclear de Garoña ha funcionado desde su inicio sin haber obtenido nunca licencia de actividad o licencia ambiental, y tampoco la ha obtenido con ocasión del proceso de solicitud de prórroga que se dirimía el año pasado y que culminó con la Orden recurrida.
Asimismo, violando de forma flagrante la legislación vigente, en ningún momento se ha sometido la solicitud de prórroga de Garoña a Evaluación de Impacto Ambiental ni esta central ha obtenido la preceptiva licencia ambiental, de tal modo que la citada Orden Ministerial se dictó obviando este obligatorio y esencial trámite. Esta necesidad la pone de manifiesto el propio Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el informe que emitió al respecto, que obra en el Expediente y que fue ignorado por el Ministerio de Industria.
"Dado que no se han respetado las normas reguladoras de las licencias que deben obtener estas instalaciones, procedería dejar sin efecto la Orden y, en consecuencia, la central nuclear de Garoña debería haber cerrado al expirar el plazo de la autorización provisional que tenía en vigor", ha manifestado Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción y Greenpeace en este recurso.
Otras vulneraciones de la normativa vigente
Además de la inexistencia de las preceptivas licencias ambientales, la Orden Ministerial ha vulnerado de forma clara otra serie de exigencias legales: por un lado, la necesidad de disponer de una autorización legal de vertido y de suministro de agua y su estricto cumplimiento; por otro, el adecuado respeto a la propia normativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), entre otras la Ley 33/2007 de creación del CSN, y a la Ley 26/2007 y al Convenio de Aarhus, sobre derecho a la información ambiental y reguladora de la participación pública en materia de medio ambiente.
Según Greenpeace y Ecologistas en Acción, la violación de estas últimas leyes por parte del CSN y del Ministerio de Industria es clarísima. El trámite de consulta no ha existido, a pesar incluso de que Greenpeace y Ecologistas en Acción formularon al CSN, con suficiente antelación, petición expresa para ser parte del procedimiento. Así, en modo alguno estas organizaciones y el público en general se encontraron en situación de poder defender su postura en un momento del procedimiento en el que "todas las opciones y soluciones fueran aún posibles" y obviamente en esa fase fue imposible que "el público pueda ejercer una influencia real", como expresa la Ley. Puesto que el trámite de consulta no se abrió al público, habiéndose adoptado las decisiones sin participación de éste, es obvio que se ha infringido la normativa, lo que provoca la nulidad de todo el procedimiento.
Decisión del Gobierno bajo presión de la industria nuclear
Para Greenpeace y Ecologistas en Acción, la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de conceder un nuevo permiso de explotación de 4 años a la central nuclear de Garoña (propiedad de Nuclenor: 50% Iberdrola, 50% Endesa) fue debida a las presiones del lobby nuclear y de las compañías eléctricas propietarias de la central, empeñadas en evitar a toda costa el cierre de Garoña. Las organizaciones consideran que su único interés era se realizó con el exclusivo fin de satisfacer sus intereses económicos explotando una central nuclear obsoleta y peligrosa (pero sobradamente amortizada), y sin importarles poner con ello en riesgo la salud de la población y el medio ambiente, y el hecho de obstaculizar la implantación de un sistema energético 100% renovable. Además, las organizaciones ecologistas creen que para este fin llevaron a cabo en aquellas fechas una intensa campaña plagada de falsedades, que contó con la activa colaboración del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de la Junta de Castilla y León.
En junio de 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un dictamen (no vinculante para el Gobierno) favorable a la concesión de la prórroga de diez años a esta central solicitada por Nuclenor, a pesar de que la central de Garoña había incumplido varios de los requisitos que el CSN previamente les había exigido para prorrogarle la licencia: la sustitución del cableado eléctrico y solventar los reiterados problemas de la ventilación de emergencia de la contención.
Además, el CSN minimizó el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros elementos del circuito primario, con un nivel de afectación que no tiene parangón con ninguna otra central del mismo tipo en Estados Unidos u otros países.
Recientemente, el Senado del Estado de Vermont en Estados Unidos, decidió cerrar la central nuclear de Vermont Yankee, una central del mismo tipo que Garoña y puesta en marcha en las mismas fechas, por sus problemas de seguridad, lo que supuso una decisión histórica en ese país.