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Greenpeace pide al Gobierno la paralización del proceso emprendido por el Ministerio de Industria ante la falta de consenso social y territorial

Ante el rechazo de las Cortes de Castilla y León a albergar el cementerio nuclear

Comunicado de prensa - febrero 18, 2010
Greenpeace considera el rechazo de las Cortes de Castilla y León a que esta comunidad autónoma albergue el cementerio nuclear centralizado un nuevo fracaso del proceso emprendido por el Ministerio de Industria.

Cementerio nuclear

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes han rechazado que Castilla y León albergue el cementerio nuclear, que albergaría todos los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas, si bien el voto mayoritario del grupo Popular lo ha condicionado a que se revise la decisión de cierre de la central nuclear de Garoña, cuyo cese definitivo de explotación está fijado en julio de 2013.

Greenpeace recuerda que el rechazo de hoy de las Cortes de Castilla y León se suma al ya expresado por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 1 de febrero, al del Parlamento de Cataluña (en 2008, y refrendado el pasado 25 de enero por el propio presidente de la Generalitat, José Montilla), al de las Cortes Valencianas (en 2006) y al que, con toda seguridad, mostrará mañana el Parlamento extremeño.

Ante ese rotundo rechazo territorial al proyecto de Miguel Sebastián de construir un cementerio nuclear centralizado, sumado al rechazo social que ha generado el proyecto, Greenpeace considera que el proceso emprendido por el Ministerio de Industria se pude ya considerar como un fracaso.

Por ello, Greenpeace pide al Gobierno Zapatero que paralice este proceso, que se ha caracterizado por su falta de transparencia, por haber evitado la participación pública, por la actuación a espaldas de los ciudadanos o por la búsqueda negociada en secreto de candidatos. Ejemplo de esto último ha sido la negociación con la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares, AMAC, mediante el ofrecimiento de compensaciones económicas con dinero público por parte del Ministerio de Industria a cambio de que Ascó y Yebra presentaran sus candidaturas.

Desde el principio, Greenpeace calificó el proceso iniciado por el Ministerio de Industria como antidemocrático, además de contradictorio con las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien reconoció en el Congreso de los Diputados la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en la solución de este grave problema (1).

"Si el Gobierno quiere resolver el problema de los residuos radiactivos y cerrar de una vez el debate nuclear, tendrá que poner sobre la mesa un buen plan de cierre de las centrales nucleares, paso necesario para poder avanzar hacia un modelo energético sostenible. Sólo así conseguirá paz social al respecto", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Sobre la postura del Partido Popular de Castilla y León, Greenpeace cree que la Junta de Castilla y León debe renunciar de una vez por todas a mantener en marcha la peligrosa central nuclear de Garoña (que la semana pasada paró dos veces por unas fugas de agua radiactiva de una válvula del circuito primario) y apostar de verdad por un modelo energético basado al 100% en energías renovables y en la eficiencia energética.

NOTA

(1) Zapatero dijo en el Congreso de los Diputados durante el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006: "Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado".

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