La presidencia española de la UE ha fijado como una
de sus prioridades la recuperación económica y la
creación de empleo. Su programa oficial, Innovando
Europa, tiene como objetivo central para los seis
meses de mandato consensuar una nueva estrategia
en el seno de la UE para el crecimiento y el empleo:
Europa 2020. El Gobierno español indica igualmente
su intención de convertir a la UE en un actor global
más influyente y de fortalecer la participación
ciudadana en las políticas Unión.
La organización ecologista pide al Gobierno español que durante
la presidencia incluya, dentro de sus prioridades de recuperación
económica y creación de empleo, el impulso para alcanzar un sistema
energético basado al 100% en energías renovables, como herramienta
fundamental en la lucha contra el cambio climático, y un cambio
radical en la gestión de los ecosistemas marinos a través de la
reforma de la Política Pesquera Común.
Para asegurar que el objetivo de la presidencia de "Innovar
Europa" se haga realidad, Greenpeace destaca la necesidad de
cambios urgentes en tres ámbitos políticos, desarrollados en el
documento:
1. Política económica. Una economía sostenible para la población
y para el planeta.
2. Política climática global. Evitar la repetición de los
errores de Copenhague.
3. La reforma de la Política Pesquera Común y la adopción de la
nueva legislación sobre madera.
España es reconocida como uno de los líderes mundiales en
energías renovables y muestra de ello es que ha alcanzado un 26% de
electricidad renovable en 2009. Greenpeace considera que en la
cumbre de marzo de Jefes de Estados europeos se debería dar
prioridad estratégica a las energías renovables y a la eficiencia
energética dentro de las políticas energéticas europeas, dado que
la presidencia española ha identificado correctamente el Plan de
Acción sobre Energía de la UE para los años 2010-2014 como una
oportunidad para modernizar el suministro energético de Europa.
Además, España debería impulsar a la UE para desarrollar una visión
de un sistema energético 100% renovable para 2050, que beneficie
tanto a la economía como a los ciudadanos.
"España debe predicar con el ejemplo, elevando su objetivo
nacional de energías renovables para 2020 al 30% y al 50% en
electricidad", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de
la campaña Cambio Climático y Energía de Greenpeace.
La organización ecologista ha señalado las siguientes
prioridades energéticas para que la presidencia española logre
desarrollar una economía sostenible:
eliminar todas las subvenciones a las tecnologías fósiles y
nucleares;
desarrollar redes inteligentes, incluyendo estándares mínimos
para redes, aparatos y coches eléctricos;
centrar en renovables y eficiencia energética las iniciativas
sobre Financiación de Tecnologías Bajas en Carbono;
cooperar con los gobiernos para aplicar la directiva de
renovables y el objetivo del 20% de energía renovable;
promover políticas estables de energías renovables dentro del
Plan Solar Mediterráneo;
promover incentivos financieros y mejoras regulatorias para
desarrollar redes eléctricas marinas.
Una de las tareas que España abordará durante la presidencia
europea es el debate de las primeras fases de la reforma de la
Política Pesquera Común. Esta normativa determina qué, cómo, cuánto
y dónde pesca la flota europea, lo que influye determinantemente en
la situación mundial de los océanos. "España con una flota actual
de 11.247 barcos y muy envejecida, ha de liderar estas
negociaciones, fomentando una reforma sostenible que proteja al
medio marino y a los pescadores" ha declarado Celia Ojeda,
responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. Además, la
organización ecologista pide que en esta reforma se tengan en
cuenta una reducción del esfuerzo pesquero, un fomento de las
pesquerías tradicionales, una protección de las comunidades
costeras y el establecimiento de Reservas Marinas.
Asimismo, el gobierno español concluirá el debate sobre la
protección del atún rojo Atlántico (Thunnus thynnus) en los
próximos tres meses, cuando se decidirá si se incluye en el Anexo I
del Convenio CITES. Esto supondría la prohibición de su comercio
internacional y, por lo tanto, el comienzo de la recuperación de
esta especie en peligro de extinción.