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Greenpeace denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente incumple la Ley en el caso de El Algarrobico

La falta de respuesta del Ministerio al recurso de Greenpeace contra la paralización de la expropiación implica que se ha de seguir con la expropiación de los terrenos

Comunicado de prensa - diciembre 3, 2009
El pasado 18 de junio, Greenpeace interpuso un recurso de alzada contra la resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía por la que se acordaba el desistimiento del procedimiento expropiatorio del hotel ilegal en El Algarrobico (Carboneras, Almería). A pesar de haber transcurrido varios meses desde su interposición, el Ministerio de Medio Ambiente no ha contestado a los escritos de la organización ni ha explicado el porqué de esta resolución. Por tanto, ésta queda suspendida.

Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel ilegal de Cabo de Gata y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. Con esta acción la organización ecologista pide a Chaves que haga efectiva la demolición del del macrohotel ilegal del Algarrobico de 411 habitaciones y más de 20 plantas en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En el recurso formulado por Greenpeace se solicitaba la suspensión de esta decisión amparada por lo dispuesto en la Ley 30/1992, ya que para la organización ecologista el Ministerio de Medio Ambiente en ningún momento ha justificado por qué trata de eludir sus obligaciones de defensa de la costa. Según dicta la Ley, si la Administración no responde en 30 días, el acuerdo de desistimiento se suspende por imperativo legal.

Esta semana la organización ecologista ha vuelto a ponerse en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente instándoles una vez más a que aclaren su posición respecto a El Algarrobico y la situación del expediente en un plazo máximo de 30 días, tal y como exige la Ley de Derecho a la Información Ambiental  

La Administración General del Estado decidió abandonar el proceso de recuperación de los terrenos públicos ocupados por el hotel ilegal en los primeros 100 metros de playa hasta que, según sus argumentos, se resuelva judicialmente si el Ayuntamiento de Carboneras concedió una licencia de obras ilegal. Greenpeace recuerda al Ministerio que no han desparecido los motivos que fundamentaron en 2005 la declaración de utilidad pública de los terrenos, lo que motivó la expropiación. Especialmente cuando, desde entonces, 18 pronunciamientos y sentencias judiciales han dado la razón al Ministerio de Medio Ambiente.

"La falta de respuesta al recurso formulado por Greenpeace es una clara y evidente forma de vulnerar los derechos medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. "Tienen 30 días para contestarnos y para dar credibilidad a sus supuestos argumentos de sostenibilidad. De lo contrario, actuaremos pertinentemente", concluye Marcos.