Comunicado de prensa - diciembre 3, 2009
El pasado 18 de junio, Greenpeace interpuso un recurso de alzada contra la resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía por la que se acordaba el desistimiento del procedimiento expropiatorio del hotel ilegal en El Algarrobico (Carboneras, Almería). A pesar de haber transcurrido varios meses desde su interposición, el Ministerio de Medio Ambiente no ha contestado a los escritos de la organización ni ha explicado el porqué de esta resolución. Por tanto, ésta queda suspendida.
Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel ilegal de Cabo de Gata y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. Con esta acción la organización ecologista pide a Chaves que haga efectiva la demolición del del macrohotel ilegal del Algarrobico de 411 habitaciones y más de 20 plantas en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
En el recurso formulado por Greenpeace se solicitaba la
suspensión de esta decisión amparada por lo dispuesto en la Ley
30/1992, ya que para la organización ecologista el Ministerio de
Medio Ambiente en ningún momento ha justificado por qué trata de
eludir sus obligaciones de defensa de la costa. Según dicta la Ley,
si la Administración no responde en 30 días, el acuerdo de
desistimiento se suspende por imperativo legal.
Esta semana la organización ecologista ha vuelto a ponerse en
contacto con el Ministerio de Medio Ambiente instándoles una vez
más a que aclaren su posición respecto a El Algarrobico y la
situación del expediente en un plazo máximo de 30 días, tal y como
exige la Ley de Derecho a la Información Ambiental
La Administración General del Estado decidió abandonar el
proceso de recuperación de los terrenos públicos ocupados por el
hotel ilegal en los primeros 100 metros de playa hasta que, según
sus argumentos, se resuelva judicialmente si el Ayuntamiento de
Carboneras concedió una licencia de obras ilegal. Greenpeace
recuerda al Ministerio que no han desparecido los motivos que
fundamentaron en 2005 la declaración de utilidad pública de los
terrenos, lo que motivó la expropiación. Especialmente cuando,
desde entonces, 18 pronunciamientos y sentencias judiciales han
dado la razón al Ministerio de Medio Ambiente.
"La falta de respuesta al recurso formulado por Greenpeace es
una clara y evidente forma de vulnerar los derechos
medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva", ha
declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de
Greenpeace. "Tienen 30 días para contestarnos y para dar
credibilidad a sus supuestos argumentos de sostenibilidad. De lo
contrario, actuaremos pertinentemente", concluye Marcos.