Los nuevos conquistadores Multinacionales españolas en América Latina Impactos económicos, sociales y medioambientales
Greenpeace ha analizado aquellos sectores con mayor potencial de
causar daños al medio ambiente o los derechos humanos (como los
hidrocarburos, la electricidad, la pesca o el turismo, entre otros)
y los ha "cruzado" con la presencia de empresas españolas
significativas. Del análisis de estas dos variables salen 43 casos
que son recogidos en el informe, aunque el número real puede ser
mucho mayor. Este informe ha sido realizado por Greenpeace España,
con el apoyo de las oficinas de la organización en México, Brasil,
Chile y Argentina, así como de otras organizaciones
latinoamericanas, y recoge cómo empresas españolas están
involucradas en situaciones de destrucción del medio natural,
violaciones de derechos humanos y abusos laborales.
Greenpeace quiere contribuir a poner fin a una de las
principales ventajas que tienen estas empresas a la hora de operar:
el hecho de que las poblaciones de sus países de origen saben muy
poco sobre cuáles sus actividades reales en el exterior y su
impacto. Esto les permite "vender" una imagen responsable y
sostenible, mientras en realidad sus prácticas son depredadoras y
causan graves daños en las poblaciones locales o el medio ambiente.
"Queremos contar aquello que no se dice en las juntas de
accionistas ni en la publicidad de estas empresas, y que la
población española sepa cómo actúan al otro lado del Atlántico", ha
afirmado Mabel González, responsable de la campaña de conflictos y
medio ambiente.
España se situó en el año 2008 como el octavo país del mundo en
el ranking de Inversión Extranjera Directa (IED), y 11
multinacionales españolas figuran en la lista Fortune Global 500,
que clasifica a las mayores del mundo. Su llegada a América Latina
se produjo de forma masiva en los años ochenta y sobre todo
noventa. Hoy ocupan los primeros puestos, cuando no el primero, en
muchos países latinoamericanos, en sectores como los hidrocarburos,
la electricidad, el turismo y la pesca, entre otros.
Sus actividades han sido objeto de frecuentes críticas y
resistencias locales. El informe Los nuevos conquistadores recoge
los principales casos, centrándose en aquellos donde las empresas
españolas tienen un protagonismo importante y en sectores donde se
causan graves daños al medio ambiente y los derechos humanos.
Algunos ejemplos son los siguientes:
- Endesa quiere construir en la Patagonia chilena cinco grandes
represas que arrasarán un ecosistema virgen y que han suscitado un
gran rechazo local. Recientemente ha pedido más de 14 años de
cárcel y multas millonarias para activistas de Greenpeace que
desplegaron una pancarta pidiéndole poner fin a este proyecto.
- Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola apuestan en América Latina
por la generación de energía sucia y basada en fuentes no
renovables. Unión Fenosa e Iberdrola encabezan un proyecto para
construir cinco centrales eléctricas de carbón en Guatemala.
- Repsol ha causado vertidos y graves daños al medio ambiente en
Ecuador, Argentina y Bolivia, ha violado los derechos de
comunidades indígenas, y ha sido acusada de fomentar la violencia
en Colombia.
- Empresas turísticas españolas están fomentando en varios
países, pero especialmente en México, un modelo de turismo
depredador que arrasa con bosques de manglares costeros y con zonas
vírgenes. Sol Meliá, Riu o NH, entre otras, participan en proyectos
controvertidos en el estado de Quintana Roo.
- Pescanova ha practicado la sobre-explotación de recursos
pesqueros en Chile, mientras Calvo ha sido acusada de contaminación
y de violación de los derechos laborales en El Salvador.
Las multinacionales españolas que operan en América Latina no
actúan de forma diferente a las de otros países. Siguen un modelo
de obtención de máximos beneficios en el plazo de tiempo más breve
posible, y lo hacen en muchas ocasiones vulnerando derechos
medioambientales, sociales y laborales, mediante la presión a
autoridades locales. Los Gobiernos españoles, de cualquier color
político, las apoyan activamente con el argumento de que se trata
de una defensa de los intereses españoles en el exterior. Pero
estas empresas sólo representan los intereses de sus accionistas, y
con sus prácticas han contribuido a empeorar la imagen global de
España en América Latina.
Greenpeace considera que, si las grandes empresas españolas
quieren ser entidades social y ambientalmente responsables, deben
poner fin a las prácticas abusivas en el exterior y ser más
coherentes en su discurso de responsabilidad. "Hay que poner fin a
modelos de gestión que sólo buscan máximos beneficios a corto
plazo, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales
de su actividad. Tampoco pueden seguir engañando a la opinión
pública española sobre sus prácticas en el exterior", ha señalado
Mario Rodríguez, director de Campañas de Greenpeace.
A la vez, el Gobierno español debe exigir a las empresas
españolas que operan en otros países que cumplan los principios y
estándares internacionales en materia de derechos humanos, medio
ambiente y buen gobierno. "La concesión de ayudas o apoyo público
para su expansión exterior debe estar ligada a exigencias y
parámetros claros de responsabilidad. No se puede fomentar desde el
Estado un comportamiento depredador con las poblaciones locales y
el medio ambiente", afirma Mabel González, responsable de la
campaña de conflictos y medio ambiente.
Nota:
(1) El pdf del informe se puede descargar en la siguiente
dirección:
http://www.greenpeace.org/espana/reports/090930-03
Dossier de prensa: http://www.greenpeace.org/espana/reports/dossier-de-prensa-informe-los
Web del informe: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/090925