Destrucción a toda costa 2009.Andalucía
Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario
ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales
insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el
litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un
desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de
España como "economía suicida". Los casos de corrupción urbanística
siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las
comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un
detallado estudio de los graves problemas de contaminación
presentes en el litoral.
"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a
los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la
costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es
incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la
norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en
'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos,
responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de
destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el
Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha
construido el hotel ilegal de El Algarrobico.
Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos
espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación
de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo
de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.
Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar
después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación
artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático
que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las
Dunas de Oyambre.
Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el
más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un
espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio
Ambiente ha considerado al Delta como un "punto de alarma" por la
contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.
La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos
proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La
Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen
asfixiando a este humedal.
Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo
de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto
de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que
forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de
desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.
Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta
reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de
nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP
de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de
300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma
parte de la Red Natura 2000 europea.
En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios
protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales.
Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el
proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran
amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.
En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad
autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de
los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.
La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300
kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos
del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo
para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre
(15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo
turístico.
En el informe también se han analizado las agresiones costeras a
los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a
poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los
focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP
de los Acantilados de Aguadú.
Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus
límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en
los ENP que Greenpeace ha analizado:
La paralización de muchos avances en materia de gestión costera,
como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio
Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el
abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales,
como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula
política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar
la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda
división de los problemas estatales.
Greenpeace considera que la política ambiental debe ser
prioritaria. Por ello, reclama la puesta en marcha de las
siguientes medidas:
El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto
la Administración central como las autonómicas deben garantizar el
cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro
sostenible para el litoral.
Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe
ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada
hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.
La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales
debe continuar para garantizar la integridad de la costa.
Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las
grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las
construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción
urbanística.
La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el
acoso a los ENP de la costa.
El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando
la calidad de las aguas.
La creación de planes para luchar contra la contaminación por
vertidos y accidentes marítimos.
"Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser
incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin
rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos
ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal
de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El
Algarrobico hay muchos otros ejemplos", concluyó Marcos.
Informe Destrucción a Toda Costa 2009 disponible en www.destruccionatodacosta.com
ó www.greenpeace.es
Pdf interactivo en http://www.full-interactive.com/revistas/greenpeace/Destruccion-a-toda-costa/
FE DE ERRATAS DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2009
En la página 58, en el recuadro "Irregularidades urbanísticas en
los tribunales 2008-2009" y, más oncretamente, en el apartado
dedicado a Gijón, aparece el sr. Pedro Sanjurjo como investigado
por la Fiscalía. En realidad el nombre del ex-jefe de Urbanismo de
Gijón
investigado es Ovidio Blanco.
En la página 87, en el recuadro "Irregularidades urbanísticas en
los tribunales 2008-2009" y, más oncretamente, en el apartado
dedicado a Arenys de Mar, se puede leer: "La Fiscalía
Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha
imputado al alcalde de esta localidad, Ramón Vinyes (PSC); al
exalcalde y ahora concejal, Miquel Rubirola; al edil Joaquim
Ponsarnau (ERC);al actual regidor de urbanismo, Agustí Massuet
(CIU) y a Lluís Blanchar (Veïns Independents) al no recibir
respuesta el consistorio sobre varios expedientes urbanísticos.
Están imputados por los delitos de desobediencia e infidelidad en
la custodia de documentos públicos". Esta información es errónea.
En realidad, la Fiscalía Provincial de Barcelona (y no la Fiscalía
Anticorrupción) incoó diligencias contra estas personas por una
documentación que no se había adjuntado a un expediente pero, una
vez demostrado que había sido un problema de comunicación y no hubo
mala fe, dichas diligencias fueron archivadas.
Comunicados de las distintas Autonomías