Acción de Greenpeace en Garoña, para pedir al Gobierno el cierre de la central nuclear de Garoña, que sufre un imparable proceso de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a componentes de la vasija del reactor, fundamentales para la seguridad.
Todos estos colectivos se reunieron el pasado sábado 27 de junio
en la sede de Greenpeace, en Madrid, para evaluar la situación
relativa a las promesas del Gobierno socialista de cierre de
Garoña, y para concretar acciones conjuntas, incluidas las legales.
Éstas ya están en preparación y se tomarían contra una posible
prórroga de la central, tras conocer la decisión del Gobierno al
respecto, que debe anunciarse esta misma semana.
En este sentido, han calificado de inaceptables e ilegales los
nuevos informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre
escenarios de prórroga a Garoña de 2, 4 y 6 años, solicitados por
el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras haber emitido ya
el CSN su informe preceptivo -pero no vinculante para el Gobierno-
el pasado 5 de junio. Sorprendentemente fueron realizados por el
CSN en un tiempo récord de 48 horas. En esos nuevos informes, el
CSN rebajaba sus exigencias iniciales a Garoña, en caso de que
continuara en operación.
El cierre de la central nuclear de Garoña se ha convertido en el
objetivo central de todos los grupos ecologistas españoles, que
cuentan con el apoyo de ecologistas portugueses y franceses.
La central es un modelo antiguo de reactor BWR, desechado en
pocos años por nuevos modelos del mismo tipo. Ya su diseñador,
General Electric, en los años 70 cambió el diseño de estos
reactores hasta en seis ocasiones. Su principal problema es un
fenómeno destructivo denominado agrietamiento por corrosión bajo
tensiones (stress corrosion cracking-SCC), que ha producido grietas
en el barrilete del reactor y en las penetraciones de las barras de
control, así como problemas múltiples de corrosión en todo el
circuito primario, el que está directamente en contacto con el
combustible de uranio enriquecido.
Además de las decisiones tomadas con respecto a Garoña, en la
reunión de la Coordinadora estatal se abordó la estrategia a seguir
para pedir el cierre de las centrales cuyo permiso de explotación
caduca en breve, la primera de ellas la de Almaraz, cuyo permiso
caduca en 2010.
También se analizaron las acciones ya realizadas contra el
proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) que promueve la
Empresa Nacional de Residuos radiactivos (ENRESA). El ATC sería un
cementerio nuclear centralizado para los residuos radiactivos de
alta actividad (el combustible nuclear gastado) de las centrales
nucleares, cuya gestión es un gran problema para el cual no existe
solución técnica satisfactoria en ningún lugar del mundo, a pesar
de que se siguen generando miles de toneladas al año.
Las acciones emprendidas desde 2006 por los diversos colectivos
anticementerio nuclear y asociaciones ecologistas han logrado hacer
fracasar en la práctica el citado proyecto, que debía estar ya en
plena construcción, según los planes iniciales de ENRESA. El ATC ha
suscitado un enorme rechazo social en toda España: decenas de
ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones provinciales,
parlamentos autonómicos y gobiernos regionales se han posicionado
ya en contra del proyecto de ATC.
Las organizaciones presentes en la reunión de la Coordinadora
antinuclear han decidido mantener activas sus campañas contra el
ATC, y mejorar su coordinación, así como recordar al Gobierno que
la puesta en marcha de un plan de cierre, progresivo pero urgente,
de las centrales nucleares es condición previa para poder generar
el amplio consenso social que se necesita para poder discutir y
avanzar al respecto de la gestión de los residuos radiactivos.
La minería del uranio también fue tema de la reunión. Aunque la
última mina de uranio en España (la de Saelices el Chico, en
Salamanca) cerró en el 2000 por falta de rentabilidad (de hecho,
España importa el 100% del uranio que se consume en las centrales
nucleares españolas), las empresas Berkeley Resources (australiana)
y Mawson (canadiense) están realizando estudios para volver a abrir
minas en territorio español.
El Ministerio de Industria ya ha dado algunos permisos de
investigación y exploración a estas empresas en Salamanca y
Guadalajara, y están solicitados en Extremadura.
Para los grupos de la Coordinadora Estatal Antinuclear el actual
es un momento crucial en la lucha antinuclear, pues por una parte
son muchas las centrales que están al final de su vida útil y por
tanto deberán cerrar en breve, y por otra la construcción de nuevas
centrales en la coyuntura actual solo es posible en países donde el
Gobierno correspondiente pueda permitirse tomar decisiones
impopulares y antieconómicas, caso de Rusia o China. En Occidente
no se ha construido ninguna desde el accidente de Chérnobil y las
únicas que están en construcción, la de Olkiluoto-3 (en Finlandia)
y la de Flamanville-3 (en Francia) están plagadas con numerosos
problemas técnicos y de seguridad, sobrecostes y retrasos. En
concreto Olkiluoto-3 lleva acumulado un retraso de más de tres años
y 1.700 millones de euros de pérdidas, oficialmente
reconocidos.