La campaña “Armas bajo control” alerta de que la situación de crisis de la economía española está generando una clara tensión entre los intereses de la industria española de defensa y la Ley 53/2007 sobre comercio de armas, que establece limitaciones para exportar a países y territorios donde las armas puedan ser usadas para violar los derechos humanos, o ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos.
Ante el descenso de las ventas internas, las industrias de defensa buscan con el apoyo del Gobierno incrementar sus exportaciones, lo que aumenta el riesgo de que estas armas y material de doble uso terminen llegando a destinos preocupantes (países que estén en conflicto armado, sufran situaciones de grave inestabilidad interna o en los que se cometen graves violaciones de los derechos humanos).
Con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han analizado las exportaciones realizadas de material de defensa y doble uso en el primer semestre de 2010, según los datos estadísticos de la Agencia Tributaria. Las conclusiones del análisis de las cifras y del actual contexto del sector son preocupantes.
La crisis económica, y el contexto actual de austeridad presupuestaria, se están traduciendo en que el Ministerio de Defensa tiene menor capacidad para adquirir armamento y absorber una parte significativa de la producción del sector. Sin embargo, y ante el interés en consolidar este entramado empresarial que agrupa a unas 850 empresas, con una facturación anual que supera los 3.600 millones de euros y que genera 18.000 empleos directos el Gobierno y las empresas están apostando por el incremento de las exportaciones.
Esta tendencia supone un riesgo de que los intereses comerciales tengan prioridad frente a lo que determina el artículo 8 de la Ley 53/2007, que regula el comercio exterior de material de defensa y doble uso, y que establece límites a la venta de esos productos.
Las ONG han expresado su preocupación por el hecho de que primar las exportaciones aumente el riesgo de ventas que puedan violar el artículo 8 de la Ley española de venta de armas, que establece que las solicitudes de autorización de exportación de armas serán denegadas y las autorizaciones suspendidas o revocadas cuando existan indicios razonables de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad o pueden emplearse para cometer violaciones de los derechos humanos.
Análisis de los datos semestrales
Según los datos de la Agencia Tributaria, las exportaciones realizadas de material de defensa en el primer semestre de 2010 ascendieron a 907,6 millones de euros. Aunque la tendencia podría no mantenerse en el segundo semestre, si así fuera supondría un nuevo récord de ventas al final del año, acercándose a los 2.000 millones de euros (un 33% más que en el año 2009). Un 42,3% de esta cifra corresponde a ventas a países de la UE y de la OTAN, mientras el 57,7% restante se reparte entre 60 países.
Tres años después de la aprobación de la Ley, siguen existiendo importantes volúmenes de ventas a destinos considerados preocupantes, y que dudosamente cumplen las restricciones que establece el artículo 8 de la ley. Entre ellos figuran Arabia Saudí, Colombia, Israel, Ghana, Pakistán o Marruecos, entre otros.
Algunos de los principales serían los siguientes:
• Arabia Saudí recibió en el primer semestre de 2010 productos de defensa españoles por valor de más de 453.000 euros, especialmente en munición y paracaídas. Además, y aunque todavía no se ha adoptado una decisión, hay en marcha un esfuerzo de las autoridades españolas para lograr una operación de venta de carros de combate Leopard 2E a este país (fabricados por Santa Bárbara Sistemas, del grupo General Dynamics).
Hasta donde se conoce, la operación podría suponer la entrega de 200 de estos carros (50 de ellos, ya durante 2011), y se trataría de la mayor operación de venta de armas de la historia española, por valor de 3.000 millones de euros. Las organizaciones han expresado su preocupación por esta posible operación, dado que Arabia Saudí es un país con graves violaciones de los derechos humanos, y exigen que se condicione al establecimiento de fuertes salvaguardias, para evitar que sean usadas para violar los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario (especialmente en el norte de Yemen). Las Organizaciones se dirigieron al presidente Zapatero en este sentido en una carta el pasado 12 de noviembre de 2010, hasta la fecha no respondida.
• Además, durante el primer semestre se ha vendido material a Colombia por más de 285.000 euros, pese a su grave conflicto armado interno en el que todas las partes implicadas han cometido violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Israel ha recibido más de 3,2 millones de euros en diferentes tipos de material, incluyendo proyectiles y municiones. Marruecos ha adquirido material de defensa por 4,1 millones de euros. En la lista también figuran más de 215.000 euros vendidos a Pakistán; casi 115.000 a Tailandia y 38,9 millones a Turquía (la mayoría correspondiente a un avión).
Ante esta situación, las organizaciones recomiendan:
• Facilitar información sobre las exportaciones con antelación suficiente, para lograr un adelanto en la comparecencia del gobierno para informar sobre operaciones efectuadas o en marcha, mejorando así el control parlamentario.
• Reforzar el control de las exportaciones a destinos considerados preocupantes, con una mejor aplicación de los criterios necesarios para aprobar o denegar transferencias. Esto implica un estudio caso a caso de la situación del lugar de destino, así como mejorar la implicación del Congreso en este proceso (facilitándole los criterios utilizados y las fuentes de información).
• Aplicar la dimensión preventiva de la Ley, mejorando los mecanismos para suspender una exportación, incluso una autorizada con anterioridad, si la situación del lugar de destino es preocupante o empeora.
• Mejorar los mecanismos para el seguimiento del material en el país de destino. Las organizaciones piden al Gobierno que dé instrucciones a los agregados de Defensa de las embajadas españolas para que hagan seguimiento del material exportado, tal como pidió el Parlamento al Gobierno en 2008
• Avances concretos en la transparencia de la información sobre las transacciones realizadas, con información sobre el tipo de producto y usuario final para todas las transferencias de armas españolas,” así como sobre las denegaciones de autorizaciones de exportación y evitar la discrepancia en los datos de exportaciones entre las cifras oficiales y las del sector industrial español de la defensa.