No al TTIP: Los peligros del acuerdo transatlántico de comercio entre Europa y EE.UU.
Europa y Estados Unidos están negociando el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido como TTIP por sus siglas en inglés. Este acuerdo supone la armonización a la baja de las regulaciones de ambos bloques, lo que para la UE supondría debilitar los controles de calidad y seguridad de los productos importados. En nombre del “libre comercio” se está poniendo en riesgo estándares de calidad y seguridad relevantes para la producción agrícola, la alimentación y la salud de los ecosistemas.
En las altas instancias de la Unión Europea, representantes europeos y de EE.UU. están discutiendo un acuerdo de libre comercio denominado Transatlantic Trade and Investment Partnership o Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). Este acuerdo comenzó a negociarse a comienzos de 2013 y gira en torno a tres áreas fundamentales:
- Eliminación de las barreras arancelarias actuales para liberalizar el mercado.
- Cooperación destinada a eliminar las denominadas barreras no arancelarias, es decir, aquellas normas, reglas y leyes que puedan limitar la libre competencia entre ambos mercados.
- Creación de mecanismos para evitar la creación de barreras al libre mercado en el futuro.
Para que este acuerdo pueda tener lugar, es necesaria la armonización a la baja de las regulaciones de ambos bloques, regulaciones que para la UE supondría debilitar los controles de calidad y seguridad de los productos importados. En nombre del “libre comercio” se están poniendo en riesgo estándares de calidad y seguridad relevantes para la producción agrícola, la alimentación y la salud de los ecosistemas. Por ejemplo, los estándares de calidad europeos impiden la utilización de determinadas sustancias químicas, hormonas y fármacos en la producción de carne y sólo permiten el cultivo de una variedad de transgénico. Sin embargo, la regulación de Estados Unidos es mucho más flexible.
TTIP LEAKS
Greenpeace ha publicado documentos secretos del TTIP. La intención es dotar de trasparencia al proceso de negociación, y poder construir un debate sobre información veraz. Puedes ver los documentos en ttip-leaks.org |
Otro de los motivos de preocupación es la falta de transparencia y acceso privilegiado a las negociaciones por parte de las grandes corporaciones: en un primer momento, el mandato del Parlamento Europeo para las negociaciones se consideró secreto y no se hizo público salvo un resumen de las tres áreas de negociación. La Comisión Europea ha tenido que responder a estas críticas publicando parte de los documentos, pero a la mayor parte de ellos todavía no tienen acceso ni siquiera los eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo. Solo Greenpeace Holanda pudo publicar parte de estos documentos a principios de mayo de 2016.
Además de la desregulación y pérdida de soberanía, también preocupa la posible pérdida de derechos laborales y el aumento de la desigualdad en la competencia entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas. Pero el aspecto más criticado del tratado es la creación del Investor State Dispute Settlements (ISDS), un tribunal de arbitraje independiente que permitiría a los inversores demandar a las leyes y regulaciones de los estados que fuesen en contra de sus beneficios o de la competencia económica. Esto podría provocar que un tribunal externo a los estados anulara leyes aprobadas por los parlamentos nacionales.
Por último, mientras que es ahora cuando el fracking se está empezando a implantar en Europa, en Estados Unidos comenzó a utilizarse de forma masiva en los años 80. La desregularización del TTIP puede afectar a esta técnica de extracción de gas directamente en su articulado o a través del mecanismo de arbitraje. Otras actividades, como la concesión de licencias para la realización de prospecciones petrolíferas, son también objeto de interés por los defensores de este acuerdo.
Debido a estos riesgos, Greenpeace solicita el rechazo del Parlamento Europeo a cualquier futuro acuerdo comercial o de inversión que no esté al servicio de los intereses públicos, la salud y el medioambiente, sea en la UE o en EE.UU.
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