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Qué pide Greenpeace

Página - noviembre 4, 2010
Greenpeace cuestiona unos modelos de gestión empresarial que se basan exclusivamente en la búsqueda de beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales. Creemos que las empresas españolas, y los Gobiernos de nuestro país, pueden hacer mucho más para mejorar sus conductas y evitar impactos negativos cuando operan en otros países.

-A las empresas españolas
Eliminar los dobles estándares en América Latina y cumplir allí con las obligaciones a las que responden en España, tanto en materia de medio ambiente como de impacto social o derechos laborales.  

El análisis de sus impactos en temas ambientales, sociales o de derechos humanos debe integrarse en los resultados. Deben dar más información sobre estos aspectos, equilibrándola con la información económica y financiera.

Las empresas vinculadas a actividades extractivas deben internalizar los costes de sus impactos sobre el medio ambiente y ejercer las preceptivas consultas con las comunidades locales, especialmente los indígenas.

Las empresas que operan en el extranjero deben mejorar su transparencia y hacer pública información sobre los impuestos que pagan en esos países, las subvenciones que reciben o sus operaciones en países fiscales.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) debe integrarse al nivel de la alta gestión y ser transversal, sin quedar limitada al departamento de marketing.

-Al Gobierno español
Mecanismos para exigir responsabilidades legales en caso de actuaciones ilícitas y exigir a las empresas españolas que cumplan los estándares y principios internacionales de derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno.

En el apoyo público a procesos de internacionalización deben exigirse criterios de responsabilidad corporativa y establecer mecanismos para verificar su cumplimiento.

En los acuerdos de cooperación con países en vías de desarrollo, deben establecerse apartados de investigación, monitoreo, y ayuda para superar los problemas causados por las empresas españolas allí establecidas.

Aplicar la cláusula de trato nacional a las filiales de empresas españolas en el extranjero, es decir, exigir normas y estándares de actuación idénticos a los que se pedirían en España.

Impulsar más transparencia sobre todos los ámbitos de actividad de la empresa: pagos de impuestos, subvenciones, actividades en paraísos fiscales…  

El Gobierno debe participar activamente en la negociación de convenios internacionales relativos a RSC y exigir su cumplimiento a las empresas españolas.

Marcos de obligatoriedad para la información empresarial sobre aspectos sociales y medioambientales.  

En la UE deben impulsarse marcos reguladores adecuados que permitan exigir responsabilidades legales y poner en marcha mecanismos adecuados de rendición de cuentas y compensación.