Para poder hablar de movilidad sostenible hay que tener en cuenta diversos factores, no sólo los medios de transporte que utilizamos a diario, sino los lugares por los que nos movemos, es decir: las infraestructuras, así como la accesibilidad, ordenación territorial, tipo de recorridos, consumos energéticos, emisiones, etc.
El concepto de movilidad sostenible implica una
visión más profunda e interdisciplinar que va más allá de lo que hasta ahora se ha considerado que es el transporte, en la actualidad resulta cada vez más necesario que la gestión de la movilidad se empiece a realizar desde un enfoque más amplio: empezando por la puesta en marcha de una Ley de Movilidad Sostenible sobre la base de la Proposición de Ley que Greenpeace presentó, junto con Ecologistas en Acción, WWF-España y CCOO (apoyada por IU-ICV).
Los
principios inspiradores de esta Proposición de Ley son los siguientes:a) El impulso para alcanzar una movilidad sostenible.
b) El derecho de los ciudadanos a la accesibilidad en unas condiciones de movilidad adecuada y segura y con el mínimo impacto ambiental posible.
c) La organización de un sistema de distribución de mercancías sostenible.
d) La prioridad de los medios de transporte de menor coste social y ambiental, tanto de personas como de mercancías.
e) El fomento e incentivación del transporte público y colectivo y de otros sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie.
f) La cooperación institucional tanto entre diferentes autoridades de transporte como entre diferentes administraciones con competencias sectoriales que inciden en la configuración y necesidades de transporte.
g) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas.
h) La distribución adecuada de los costes de implantación y gestión del transporte, incluyendo la participación de las empresas en la financiación de las infraestructuras y los servicios de los que vayan a ser beneficiarios.
i) El fomento del desarrollo urbano sostenible y el uso racional del territorio, reduciendo las necesidades de movilidad de personas y mercancías.
j) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes relativos a la preservación del clima en lo que concierne a la movilidad.