El 9 de mayo de 2013 será tristemente recordado como el día en que el Partido Popular daba luz verde a la reforma de la Ley de Costas, votando en solitario a favor de la aprobación de la “mal llamada” Ley de protección y uso sostenible del litoral, que encerraba entre sus líneas la entrega, a manos privadas, de amplias zonas de dominio público marítimo terrestre, la reducción generalizada de la servidumbre de protección a sólo 20 metros, o la desprotección de ecosistemas tan valiosos como salinas, esteros o zonas naturalmente inundables, por no hablar de la amnistía injustificada a 12 términos municipales, o el deslinde excepcional para la isla de Formentera, que deja fuera del dominio público al 90% de su litoral.

Aquella mañana, los medios se hacían eco del despliegue de una pancarta por parte de activistas de Greenpeace, desde el mismo tejado del Congreso de los Diputados. El mensaje “El PP vende nuestra costa” lanzaba un SOS de denuncia ante la aberración de una ley que hipoteca el futuro de nuestra costa.

La nueva Ley de Costas fue noticia ese 9 de mayo, y lo sigue siendo. Medios locales, nacionales, extranjeros, de derechas y de izquierdas publican cada día artículos relacionados con el reparto del botín, declaraciones de partidos políticos que muestran su oposición, o Comunidades Autónomas que se declaran contrarias a la aplicación de la ley.

Los titulares hablan por sí solos. Mientras el Partido Popular insiste en que "la Ley de Costas aborda la protección medioambiental y el desarrollo sostenible” y van saliendo a la luz los nombres de los grandes beneficiarios de esta ley, diferentes medios nos dejan cada día noticias como estas: "La Generalitat proyecta llevar al Constitucional la Ley de Costas", "...una vuelta a principios de siglo, según el Principado", "La Junta de Andalucía alerta de que la Ley de Costas avanza en la privatización de los puertos deportivos", "Los socialistas advierten que las playas de Mallorca están en riesgo de privatización"...

Pero sin duda, el titular más descriptivo que nos ha dejado la prensa estos días es este: “La Ley de Costas es una monstruosa chapuza”, en una entrevista al experto en turismo y escritor Rafael de la Fuente. Y sí, lo es, es una monstruosa chapuza , porque no tiene sentido aumentar las concesiones en el dominio público marítimo terrestre hasta 75 años sin tener en cuenta los efectos que el cambio climático tendrá en las playas por la subida del nivel del mar, y porque nos han negado el derecho a decidir sobre el futuro de nuestras costas, arrebatándonos un tesoro natural que hasta hoy era de todos, para entregárselo a unos pocos, que visto lo visto, no parece que vayan a velar por la protección de estos terrenos.

No hay duda de que la Ley de Costas nos importa a todos, las noticias desgranadas de los intereses ocultos de la nueva ley nutren las páginas de periódicos cada día, comentarios en foros, reportajes especiales de televisión, debates y programas de opinión.

Son muchas las noticias publicadas, pero sólo hay una que esperamos ver pronto: la noticia de que la Ley de Costas se ha derogado, porque es anticonstitucional, porque va contra normativa comunitaria, porque ha incumplido el derecho a la participación e información ciudadana, porque la exclusión de zonas de determinadas franjas de costas se ha hecho en base a posibles intereses particulares, y porque la sociedad, en su mayoría, prefiere un entorno litoral bien conservado, y no una nueva burbuja inmobiliaria que llene nuestras costas de cemento.

Nos sobran los motivos para decir bien alto que “El PP vende nuestra costa”.

Marta González (@mar_ta80), campaña de Costas de Greenpeace