Este viernes el Consejo de Ministros daba luz verde al inicio de la tramitación de la nueva Ley del sector eléctrico, la pieza central de su reforma energética. Todo ello, a pesar de las críticas en contra realizadas por la Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de la Competencia, sector empresarial renovable al completo, ecologistas, consumidores, agricultores, entre otros. En resumen, una ley con el más amplio rechazo social que se recuerda en el ámbito de la energía.

Y para evitar entrar en discusiones, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha tomado la “aparente” decisión salomónica de elaborar una reforma al margen de “casi” todos (excepto de las grandes eléctricas, claro está). Una falta de transparencia que hará que la norma nazca carente de legitimidad. Y que llevará a nuestro país a seguir pagando decenas de miles de millones de euros al año en importar hidrocarburos y uranio y nos meterá en el club de las naciones que incumplen los compromisos internacionales de disminuir emisiones y aumentar la eficiencia energética y las renovables.

Este proceder, que ya parece normal en España, es un anacronismo en el resto de Europa. El mejor contraejemplo lo acabamos de vivir en Holanda, donde acabamos (sí, nosotros, Greenpeace) de firmar un plan energético de largo plazo con la participación de más de 40 partes (Gobierno, empresas del sector, sindicatos, ONGs...). Un acuerdo vinculante, decidido entre todos, que pone a los Países Bajos en la senda de la Revolución Energética y que le permitirá avanzar hacia un sistema energético donde el crecimiento económico se desacople del uso de la energía.

En 2023, Holanda multiplicará por cuatro su actual producción de electricidad a partir de fuentes renovables, potenciará el ahorro y aumentará entre 3 y 4 veces su actual eficiencia energética. Con   ello, además se alcanzará la meta de crear 15.000 nuevos empleos y el coste total será menor al beneficio obtenido. Y para que el plan llegue a buen puerto, se creará dentro de los órganos de gobierno del país una comisión que supervisará la ejecución de los objetivos y en la que las partes (incluidos los ecologistas) podrán acordar medidas adicionales de no cumplirse lo establecido.

Un escenario semejante en la actualidad es impensable en España. Aquí nuestro Gobierno está más preocupado en satisfacer el interés particular de cinco grandes empresas eléctricas y en mantener un modelo energético contaminante y caro. Un modelo a contracorriente que saldrá caro a la ciudadanía y que aún estamos a tiempo de cambiar.  La experiencia de Holanda demuestra que no es una utopía.

Julio Barea (@juliobarea) área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España