Esta es la conclusión del “Plan” presentado ayer por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente en Huelva para recuperar las marismas del Tinto. Han sido necesarios 14 meses de arduo trabajo de reputados “expertos y técnicos”, elegidos a dedo por la Junta, y cerca de un millón de euros, para llegar a este resultado. 120 millones de toneladas de fosfoyesos vertidas en una marisma, cargados de elementos radiactivos, metales pesados y otras sustancias tóxicas, se cubrirán de tierra y plantarán árboles encima.

Decepcionante, inapropiado, ineficaz e irresponsable es lo que es este “Plan”. Lo peor de todo es que ya podíamos intuir a priori estas conclusiones. Greenpeace pidió reiteradamente formar parte del comité de expertos, antes de que empezaran los trabajos. Nuestra intención era aportar más datos y dar una visión contrastada de lo que allí está depositado. Sin embargo, la anterior consejera de Medio Ambiente de la Junta se negó en redondo a que los técnicos y científicos propuestos por Greenpeace se incluyeran en la elaboración de lo que al final ha terminado siendo una tomadura de pelo a la ciudadanía de Huelva.

El actual consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha dicho que con esta actuación Huelva ganará "un gran pulmón verde donde convivirán el medio ambiente, la cultura o el ocio" que actuará de sumidero de CO2 y generador de oxígeno. Eso sí en la presentación el portavoz de la comisión de expertos, Juan Luis Ramos (CSIC) comentó que con esta actuación se pretende que "el sellado de las balsas sea seguro para que no llegue a la cadena trófica y el material radioactivo quede apantallado". Según estas palabras resulta que hay material radiactivo que controlar y que este afecta al medio ambiente. Parece que los fosfoyesos no son tan inocuos como nos vende la empresa y las Administraciones.

Greenpeace denuncia que este “plan” para la recuperación de las balsas de fosfoyesos (y no para la recuperación de las marismas del río Tinto), no aporta soluciones sostenibles e hipoteca el futuro de la ciudad para décadas. Por eso y junto al resto de la sociedad civil de Huelva presentara una alternativa que contemple unos mínimos que garanticen la salud, el medio ambiente y el dinero público que habrá que invertir para remediar lo que se calificó por dos diputadas del PSOE e Izquierda Unida, en el congreso de los Diputados, como el mayor desastre ambiental a escala mundial.

Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace