Hace unos días nos sorprendía la historia que nos llegaba a Greenpeace. Esta vez no era el movimiento ecologista quien sufría las presiones de constructoras o políticos de Almería por proteger el medio ambiente. Esta vez, era un juez. Vivimos tiempos convulsos en los que  se persigue a los jueces en vez de a los corruptos y el caso de El Algarrobico es otro triste ejemplo. Hoy, Greenpeace se quiere solidarizar con el juez Jesús Rivera, famoso por dictar sentencia declarando ilegal la licencia de obras del hotel en El Algarrobico.

El Juez Rivera denunciaba en prensa presiones por publicar la sentencia contra el hotel del Algarrobico. De hecho, como ha aparecido publicado en La Razón tras dictar la sentencia, en septiembre de 2008, Rivera comenzó a sufrir presiones del Juez Decano de Almería y del Juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1. Las presiones consistieron en modificar las normas por las que se regía el reparto de las causas judiciales, de forma que el Juzgado de D. Jesús Rivera duplicó su carga de trabajo. En otras palabras, lo saturaron de trabajo.

En la gran mole de hormigón que es El Algarrobico, existen ya muchos escombros y eso que todavía no se ha iniciado su demolición. Demasiados. Greenpeace ha intentando denunciar ante la Fiscalía de Almería  y sin éxito alguno a aquellos cargos públicos que con sus firmas y autorizaciones permitieron la construcción del hotel, en un Parque Natural e invadiendo la playa. Las denuncias nunca han prosperado y aún queda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva, tras los recursos del Ayuntamiento de Carboneras, si la licencia de obras es ilegal de pleno derecho. Un pleito que se debería haber resuelto hace mucho tiempo y que sigue pendiente en el juzgado desde hace ya más de tres años.

El Algarrobico aún sigue en pié y sus escombros comienzan a acumularse en sus 21 plantas y se extienden más allá del impacto que ya ha causando en este maravilloso rincón del Cabo de Gata.

Pilar Marcos (@PilarMarcos), responsable de Costas de Greenpeace y José Ignacio Domínguez, abogado.