Estos días la prensa vuelve a poner de actualidad actividades de corrupción en la gestión de los residuos urbanos (otro más). El último la "Operación Cloaca" en Palma de Mallorca. De nuevo dinero público malversado ha pasado a manos privadas ¿y viceversa? Lo iremos sabiendo. En ese periodo Unión Mallorquina (UM), desde el Consell de Mallorca, dirigía la gestión de los residuos de la isla. La joya de la corona era y sigue siendo la mega-incineradora de residuos de Son Reus.
La operación investigada consistía en la confección irregular de facturas a las concesionarias del servicio de recogida selectiva del Consell. La funcionaría encargada de la facturación justifica el hecho pues según ella las empresas no podían conocer las toneladas depositadas en la planta incineradora gestionada por Tirme en Son Reus. Por tanto, ella solicitaba a la empresa de tratamiento de basuras el listado por municipios. A continuación, facturaba el global como si la recogida correspondiera íntegramente a la adjudicataria, con independencia de las cantidades reunidas por los propios Ayuntamientos, que se habían lanzado a la recogida puerta a puerta. Esto significa que los datos reales se obtenían con llamadas a la empresa Tirme y las empresas facturaban la recogida según las toneladas ficticias que les remitía el propio Consell.
El desfase podría ascender a más de 3 millones de euros. Están siendo investigados por todo ello el ex-director de Residuos del Consell de Mallorca y un empresario, ambos de UM. Hace unos meses la por entonces consellera de medio ambiente del Consell también pasó por lo tribunales por temas similares. Resulta curioso recordar como, tanto el ex-director de residuos como la ex-consellera, se reunieron indignados con Greenpeace en febrero de 2008 a raíz de una acción de protesta en la incineradora de Son Reus. Según ellos nos equivocamos atacando al mejor modelo de gestión de residuos que se hacía en el Estado. Greenpeace por su parte insistía "en el oscuro negocio de las basuras" y como era posible que una Administración pública concediera un contrato a una empresa como Tirme para quemar residuos hasta el año 2041.
Ahora parece más claro, este era un negocio de futuro para todos los implicados en el asunto. Como siempre los que pagamos las consecuencias somos la ciudadanía y el medio ambiente.
Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace