Cinco años de retraso y que pueda descartarse definitivamente el proyecto, es el logro del rechazo social y de los movimientos ciudadanos, a la pretensión de construir una refinería de petróleo en Extremadura. Solo queda que el Ministerio de Medio Ambiente (MARM) emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), “negativa a ser posible” para lo que Greenpeace ha presentado también nuevas alegaciones. Estamos, por tanto, en el final de la cuenta atrás para un proyecto caduco y anticuado, y que pretendía instalar en plena Tierra de Barros en Badajoz, una de las vegas más productivas del país, una actividad industrial altamente contaminante.
Las presiones políticas, sindicales, mediáticas y empresariales ha favor de la refinería han sido constantes durante estos años. Los colectivos ciudadanos que luchan en contra lo han sufrido directamente (multas, represión, amenazas, desprecio...). Sin embargo, ahora los promotores del proyecto están más solos que nunca, pues se les acaban los apoyos.
La Junta de Andalucía y la UNESCO plantean serias dudas sobre la viabilidad de transportar crudo a través de un oleoducto/poliducto desde la costa de Huelva a Badajoz, pasando por zonas de incalculable valor ecológico, como el Parque Nacional de Doñana. Portugal no quiere que el Guadiana y su mayor embalse “Alqueva”, sufran los vertidos y la contaminación de la refinería. El nuevo Gobierno extremeño ha manifestado que no pagará con fondos públicos ninguna actividad privada. Además, una compañía eléctrica y dos de los bancos que apoyaban la iniciativa se han salido del accionariado, con lo que se pierde más del 20% de la financiación.
El consejero delegado y el director técnico del grupo promotor se han apresurado a exigir públicamente al MARM que emita una DIA positiva lo antes posible. Según estos directivos, la empresa está en contacto con grupos petroleros de fuera de España, que formarían parte del accionariado, pero reconocen que, “los socios de verdad no aparecerán sin la DIA”. Mientras tanto advierten que ya se han gastado 50 millones de euros. La pregunta es: ¿Cuántas empresas y empleos con futuro se podrían haber creado con ese dinero?
En las próximas semanas sabremos si la sociedad civil ha logrado ser escuchada y que el bien común prime sobre intereses económicos y políticos. Estamos en tiempo de descuento para un proyecto, como es la refinería de Extremadura, que nunca debería haberse planteado en el siglo XXI, pero que demuestra que todavía hay quienes por lograr beneficios económicos son capaces de sacrificar el futuro de una región durante generaciones.
Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace