El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS, según siglas en inglés) es la herramienta climática por excelencia de la UE, un instrumento, en su momento innovador, creado para incentivar las inversiones en tecnologías limpias.

La idea era buena: las compañías que emitieran menos de lo que se les había asignado podrían comerciar con el excedente de derechos de emisión, en un mercado europeo de carbono en el que el precio del CO2 se mantendría elevado -evitando la asignación excedentaria de derechos de emisión- para que “pagar por contaminar” resultara más caro que reducir efectivamente las emisiones y vender los derechos sobrantes fuera negocio. Una doble motivación para que el sector industrial emitiera menos.

Pero el exceso de derechos de emisión otorgado en su día, junto con la caída de la productividad -y de las emisiones- en los países de Europa central y del este después del desmembramiento de la Unión Soviética, provocaron que el mercado se inundara de derechos de emisión y que el precio del CO2 cayera en picado.

Es indispensable revertir esta tendencia y para ello hay que reformar el ETS, no sólo para asegurar que la UE está en condiciones de cumplir los objetivos de ser casi neutra en carbono en 2050, sino para promover la inversión en tecnologías altamente intensivas en generación de empleo estable y alcanzar mayores cotas de ahorro e independencia energética. Como primer paso, la Comisión Europea (CE) ha propuesto una medida consistente en retirar temporalmente una parte de los derechos de emisión del mercado para que el precio del CO2 suba de nuevo mientras se discuten reformas más profundas del sistema.

Una medida muy positiva como primer paso, pero que ya ha sido criticada por algunos de los sectores industriales más intensivos energéticamente, curiosamente los mismos que disponen de grandes excedentes de derechos de emisión. Compañías como Arcelor Mittal preferirían  seguir llenando sus arcas de derechos de emisión excedentarios que luego puedan vender y, para presionar a los gobiernos a votar en contra de la reforma del ETS, amenan con la fuga industrial hacia países o regiones más permisivas, algo que según los expertos nunca se produciría por criterios estrictamente ambientales. Y es que lo que sucede es más bien lo contrario: si la UE no acierta a incentivar adecuadamente las inversiones en tecnologías limpias se arriesga a que su industria quede atrapada en tecnologías obsoletas que la colocarían a la cola en la carrera hacia la economía del futuro: la verde.

Mañana se vota la propuesta de la CE en el comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, treinta de las grandes compañías europeas ya se han unido a favor de esta reforma, una unión en la que destacan nombres como Shell, la checa CEZ o General Electric que, a pesar de ser grandes contaminantes saben que esta es la única forma de afrontar el camino energético y económico hacia 2050. Los sindicatos y las ONG también nos hemos unido a este llamamiento, por el clima y por la economía de todos queremos que el carbono salga caro. Mañana veremos si los europarlamentarios son, en realidad, representantes de los ciudadanos europeos.

Aida Vila (@Aidavilar), responsable de la campaña Cambio climático de Greenpeace España.