En estos días, en Durban (Sudáfrica) está teniendo lugar la cumbre internacional del clima para asegurar la continuación del Protocolo de Kioto (cuya vigencia finaliza en 2012) y sentar las bases de un acuerdo climático global en el que se incluyan los principales emisores. Y es que es vital que se tomen medidas para frenar el cambio climático, y una de las más efectivas es la protección de las selvas tropicales, cuya deforestación supone la quinta parte de los gases de efecto invernadero responsables de la crisis ambiental.
No olvidemos que se estima que hay más 150 millones de personas en el mundo que viven y dependen de los bosques. Sólo 24 millones en la Amazonia.
Cuando hablamos de la protección de los últimos bosques primarios, significa que las comunidades locales y pueblos indígenas puedan seguir teniendo acceso a los recursos, impidiendo que grandes corporaciones y empresas madereras, del sector agropeacuario etc, acampen a sus anchas esquilmando ecosistemas de un valor fundamental para el Planeta. Hay numerosos conflictos sociales por el control y el acceso a las tierras que están queriendo ser robadas y usurpadas por grandes corporaciones. Por ello, muchos pueblos luchan por el derecho a sus tierras ancestrales, por su protección.
Desde Argentina, hace unas semanas conocíamos la noticia del asesinato de Cristian Ferreyra, un joven dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina que se resistió al desmonte y desalojo de su tierra en Santiago del Estero.
Una de sus demandas era avanzar de forma urgente en la titularización de las tierras que habitan campesinos e indígenas desde hace varias generaciones. En Argentina ya se perdieron el 70% de los bosques primarios (la mayor extensión de bosque templado intacto del mundo), entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en Santiago del Estero fue la mayor de Argentina y alcanzó las 821.283 hectáreas.
En otro área de bosque primario, la Amazonia, un líder era asesinado por pistoleros. Pertenecía a la comunidad indígena guaraní que había vuelto a los que son sus tierras ancestrales a principios de noviembre, y allí se mantenían acampados.
No son las únicas personas muertas, ya repudiamos los asesinatos del matrimonio Maria do Espírito Santo Ribeiro y José Claudio Ribeiro y de otros muchos casos como el líder campesino Adelino Ramos, conocido como Dinho.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), es un organismo vinculado a la Iglesia Católica que monitorea los casos de violencia con la comunidades rurales en Brasil y según sus estimaciones, en las últimas cuatro décadas, hubo más de 800 asesinatos en el Estado de Pará. La CPT ha dado una lista con los nombres de 125 activistas y líderes campesinos amenazados de muerte.
Es una barbarie que hay que atajar. Es urgente establecer una normativa que proteja, que evite los conflictos por el uso de la tierra, gobernabilidad sincera sin corrupción, abordar la impunidad de los asesinos y un respeto a las comunidades locales e indígenas que tienen por derecho el uso de los recursos forestales de su hogar, que son estos valiosos bosques.
Mónica Parrilla (@MonicaParrill), campaña de Bosques de Greenpeace