El próximo domingo 4 de agosto hay convocada en San Sebastián de La Gomera una manifestación. Esta convocada por “La Gomera se mueve”, plataforma nacida tras el incendio que afectó a esta isla hace precisamente un año. La plataforma ha demandado durante un año una investigación rigurosa sobre los fallos en la coordinación de la extinción, errores que llevaron a rebajar el nivel de alerta y que facilitó la propagación del fuego. También la plataforma demanda el pago de las ayudas prometidas que, como en otros escenarios similares, se diluyeron cuando el estío y la presión mediática dieron paso a otros asuntos. Desde Greenpeace no podemos más que apoyar estas demandas.
Como ocurriera en 2012, durante los incendios de este verano de 2013 hay problemas y fallos que deberíamos resolver. Aunque reconozcamos el gran trabajo y los muchos éxitos de los equipos de extinción, incluidos los gestores desde sus puestos de responsabilidad, es obvio que algunas situaciones vividas deben ser evaluadas y reformadas. No son anécdotas. Un ejemplo lo tenemos en el incendio declarado el pasado 25 de julio en Ayora, en el límite entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Según han denunciado los mismos bomberos de Almansa (Albacete), ese día se desplazaron hasta la vecina localidad valenciana dando respuesta a un aviso por incendio en una cosechadora a muy poca distancia del límite entre ambas comunidades autónomas. Pero debido a este “problema”, y pese a estar más cerca del fuego, los responsables de Castilla La Mancha, el INFOCAM, impidieron que los bomberos pudieran actuar en dicho incendio mandando volver a la dotación a su base. Ayer el sindicato CC.OO. hizo públicas sus críticas a la mala gestión y coordinación en los primeros momentos en el incendio de Tortuero que ha arrasado 1.300 hectáreas al norte de la provincia de Guadalajara. Según este sindicato, el incendio se podría haber apagado rápidamente de haber contado con dirección técnica de extinción del Cuerpo de Agentes Medioambientales. El incendio se detectó a las 12:32 horas. El primer medio de extinción llegó a las 12:49 horas. Cuando se incorporaron los primeros medios aéreos no había ningún Agente Medioambiental que dirigiese la dirección de extinción, por lo que tomaron decisiones técnicas que propició que el fuego se extendiese más allá de lo razonable. Cuando éste llegó y asumió la dirección de las tareas de extinción, más de una hora después de detectarse el inicio, ya se habían tomado decisiones erróneas, como no activar un helicóptero, no reclamar más medios o no dar instrucciones a los medios que llegaban. En origen de este problema de coordinación, dicen desde CC.OO., está una nueva orden de incendios en Castilla-La Mancha que ha sido rechazada por el sector y denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Otro ejemplo lo tenemos en la denuncia que UGT en Cataluña ha expuesto por la falta del equipo de protección individual (EPI) necesario para el personal contratado para la extinción.
Son tantas las evidencias que resultan chocantes las declaraciones recogidas por un medio digital ayer, donde un veterano en la gestión de la extinción de incendios forestales en España, Ricardo Vélez, afirmaba que no ha habido recortes en el operativo de extinción. Reconocía, eso sí, que los recortes en las políticas preventivas se empezarán a notar a medio plazo, debido a la mayor acumulación del combustible en gran parte de nuestra superficie forestal. Sobre el impacto de los recortes en el operativo de extinción no podemos estar más en desacuerdo con Ricardo Vélez. Greenpeace ya denunció que los recortes estaban afectando tanto a la prevención como a la extinción (si estos conceptos pueden estar separados) en su informe de 2011 'No podemos bajar la guardia'.
Agentes Medioambientales, brigadistas, bomberos, funcionarios públicos, sindicatos y ONG llevamos tiempo advirtiendo que, si bien los recortes no son el origen de los incendios, estos están afectando seriamente a los cambios en la gestión del operativo, la reducción del mismo o la falta de renovación o mantenimiento del material necesario. O el caso delirante del incendio de Ayora, donde nadie con sentido común puede entender que las fronteras administrativas puedan ser utilizadas como argumento para evitar que un fuego se propague. Puede que la motivación del personal esté baja, pero su dedicación y abnegación ante los incendios sigue indemne, como estamos viendo estos días.
Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace