Ayer conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado anular la sentencia que declaraba legal la licencia municipal de obras del hotel El Algarrobico, la tristemente famosa playa de Carboneras (Almería).
Vamos, que las obras se podrían iniciar legalmente, así de claro está. Pero, sinceramente, sería una auténtica aberración jurídica, ya que hay 3 sentencias del Tribunal Supremo y otras 3 de la Audiencia Nacional que dicen que el hotel invade la servidumbre de protección, la franja que marca la Ley de Costas de 100 metros de ancho desde el límite inferior de la ribera de mar.
Y, además, el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta de Andalucía una vez que ésta ejerció el derecho que tienen las administraciones para adquirir terrenos en espacios protegidos (lo que se denomina “derecho de retracto”). Y es aquí cuando hablamos de aberración entendida como conducta perversa, porque el TSJA no ha ejecutado la sentencia del derecho de retracto, así que se ha impedido al gobierno regional andaluz que pueda pagar la finca a Azata del Sol y tomar posesión de la misma para derruir hotel.
Todo esto se ha producido desde la misma sección Tercera del TSJA, presidida por el juez Toledano, que dio un giro a la historia jurídica del hotel dictando la validez de la licencia de obras tras 17 sentencias en contra del inmueble situado a menos de 25 metros del agua.
Y para terminar, esta resolución llega sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre si los terrenos, que no olvidemos que se encuentran en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar e invaden lo poco que protege la Ley de Costas, son urbanizables o no. Desde Greenpeace esperamos que el Supremo se pronuncie con urgencia sobre este hecho, porque de no hacerlo, la inseguridad jurídica creada por el TSJA es mayúscula.