El Rainbow Warrior ha llegado a uno de sus destinos de su travesía por la Amazonía. Ahora conocemos cuál era su objetivo: denunciar la tala ilegal en un asentamiento rural a 140 kilómetros de la ciudad de Santárem, en el Estado de Pará.
A finales de los noventa, el gobierno brasileño designó esta zona para familias pobres, sin tierras. Sin embargo, estas tierras han sufrido la invasión de las madereras que buscan explotar el bosque. Ha habido movimientos sociales, y el sindicato de Trabajadores Rurales ha denunciado públicamente estas invasiones pero la destrucción continúa.
La reacción del Gobierno ante el desprecio tan absoluto hacía esta zona es impactante. En lugar de de hacer cumplir la protección de estas tierras y de las personas que viven en ellas, objetivo para el cual se designaron, el Gobierno ha propuesto reducir la superficie de la zona de 52.000 hectáreas a 11.000 hectáreas. Esto no significa otra cosa que despejar el camino para los madereros en lugar de proteger el bosque, el hogar de las personas que lo habitan.
En una pila de madera ilegal marcada para su transporte, activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta en la que se lee “Delito”, para que todo el mundo se entere de que la tala ilegal está a la orden del día en la Amazonia. Los compañeros y compañeras vuelven al Rainbow Warriorr en el puerto de Santarem y junto a nuestro buque insignia, otros barcos reciben grandes camiones cargados de madera. ¿Será esa madera legal?
Lo cierto, es que no podemos asegurar que la madera que se está cargando en el barco no proceda de tala ilegal. Y es que de acuerdo a datos oficiales del gobierno no hay autorizaciones de tala en esa región. Según informes de Imazon ( instituto de investigación cuya misión es promover el desarrollo sostenible en la Amazonia) entre 2009 y 2010, el 65% de la superficie forestal del estado de Pará fue explorado sin la autorización del gobierno.
¿A dónde llega esta madera?
Las investigaciones demuestran que la madera exportada desde Santárem se encuentra de viaje a los EE.UU., Dinamarca, Bélgica, Austria, Francia y Japón.
En otras ocasiones podría llegar a España.
A menos que el Gobierno intervenga y regule las operaciones de tala ilegal en esta área, no podemos asegurar que la madera que llega a estos países sea a costa de la destrucción de la selva amazónica.
En 2007, Greenpeace exigió el fin a la explotación ilegal de madera en terrenos públicos designados para la reforma agraria. La reacción del gobierno local y federal frente a estos delitos es lenta e inadecuada. Greenpeace pide una Ley de Deforestación Cero en Brasil.
Firma para salvar la Amazonía http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Amazonia/
Mónica Parrilla (@MonicaParrill), Campaña de Agricultura y Bosques de Greenpeace.